El Gobierno determinó el inicio de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal. Además el decreto 1020/2020, publicado en el Boletín Oficial este jueves, extiende el congelamiento de los valores actuales por 90 días mientras que los entes reguladores renegocian las actualizaciones.

Según indica el documento, “se prorroga el plazo de mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural… desde su vencimiento y por un plazo adicional de 90 días corridos o hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del Régimen Tarifario de Transición para los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica que estén bajo jurisdicción federal, lo que ocurra primero, con los alcances que en cada caso corresponda”.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) estarán al frente del proceso de revisión de las tarifas que se fijaron a fines de 2019 con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

A poco de finalizar la prórroga que había extendido el congelamiento, el decreto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández resolvió que el congelamiento en las facturas se mantendrá vigente por tres meses más, a la espera de la negociación que prevé un aumento.

En el texto del decreto uno de los argumentos que utiliza el Gobierno es el resultado de una auditoría en la que se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”.

El secretario de Energía, Darío Martínez, había adelantado que el Gobierno trabaja con el objetivo de no tener que aplicar la RTI de la gestión macrista “porque eso impactaría de manera brutal en las tarifas”. Explicó que la idea es “utilizar los subsidios de una forma más eficiente, pudiendo detectar los sectores más vulnerables, así como se hizo con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por ejemplo, y usar esa información relevada para tener una tarifa que no se incremente para ese sector”.

“Vamos a ir a un esquema que nos permita no generar un incremento tan alto como nos aplicaría la RTI de la gestión de Mauricio Macri cuando termine el congelamiento. Con una tarifa de transición que va a ser muy menor y solo para los sectores más altos, los que pueden pagar el costo, porque en términos porcentuales no impacta en sus ingresos de la misma forma”, precisó Martínez.

La renegociación

El decreto estableció que “el plazo de la renegociación no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas RTI vigentes con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores”.

Asimismo definió que “el proceso de renegociación culminará con la suscripción de un acta acuerdo definitiva sobre la RTI, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios”.

El decreto también encomendó al Enargas y al ENRE “la realización del proceso de renegociación de las respectivas revisiones tarifarias, pudiendo ampliarse el alcance de la renegociación conforme a las particularidades de cada sector regulado”.

Además señaló que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.

También puntualizó que “el Enargas y el ENRE quedan facultados para dictar los actos administrativos que correspondan y resulten necesarios, disponiendo de plenas facultades para establecer las normas complementarias de la presente”.