La sentencia condenatoria contra todos los acusados de secuestrar y asesinar al ex despachante de aduana e informante policial, Diego Alfredo Aliaga (51), generó un fuerte impacto en la sala de debates del primer piso de los Tribunales Federales. Diego Barrera (53), su mujer, Bibiana Sacolle (49), y los hijos de ella, Gastón y Lucas Curi, fueron hallados culpables este miércoles por la tarde y recibieron prisión perpetua. Washington Yamil Rosales (35), el quinto detenido del caso devenido en testigo arrepentido, recibió 17 años de cárcel gracias a los beneficios de esa ley. Todos estuvieron callados durante la lectura del fallo. Sólo hubo algunos cuestionamientos entre ellos cuando casi todos los presentes se habían retirado de la sala.
Si bien la fiscalía, representada por María Gloria André, había solicitado la pena máxima al momento de exponer en la última etapa del debate el análisis de lo que surgió durante las declaraciones en casi un año de proceso, la definición parecía ser abierta luego de los alegatos de las defensas, que cuestionaron casi todas las fojas del expediente e intentaron contradecirlas pruebas que sostenían que existió un plan organizado para retener a Aliaga y hacerlo firmar una serie de documentos sobre bienes muebles e inmuebles bajo coacciones. Por eso pidieron absoluciones o participaciones secundarias, dependiendo el caso, y hasta plantearon nulidades y la inconstitucionalidad de la prisión perpetua.
El móvil fue económico y la familia Barrera buscaba quedarse con todo para dejar fuera de juego a Aliaga. Lo que parecía incierto terminó un caso cerrado. Así lo entendieron, por mayoría, los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº1 Alberto Daniel Carelli, Alejandro Waldo Piña y María Paula Marisi. Con el paso de los días, se conocerán los fundamentos y conclusiones a los que llegaron para sentenciar a todos como coautores de los mismos delitos, además del rechazo de todo lo que esbozaron.
El futuro para Barrera y su familia es complejo. Barrera tiene que declarar en el llamado Bentogate. Es uno de los testigos más importantes de la fiscalía. Justamente, deberá comenzar a responder preguntas de André y el fiscal general Dante Vega cuando sea citado en la megacausa que mantienen al juez Walter Bento contra las cuerdas y al borde de la destitución por hechos de corrupción.
Más allá de eso, las defensas, a cargo de Leonardo Pérez Videla, Gemina y Anahí Venier y Gabriella Massad, detallaron que presentarán recursos de casación para intentar dar vuelta la resolución de esta instancia en el caso Aliaga.
Primero quieren tener en sus manos los fundamentos. Se sabe que esos planteos pocas veces prosperan y que tardan años en resolverse. La mayoría son rechazados y los abogados terminan yendo en queja a la Corte Suprema. La espera para la resolución de estos casos puede superar fácilmente un lustro.
Pero tienen el objetivo de intentar cambiar –principalmente–la situación de Sacolle y sus hijos, quienes tienen 31 años (Gastón) y 28 años (Lucas) y la pena recibida es de por vida. Justamente, el más chico de los hermanos es citado por su entorno como el que menos participación tuvo en el acto criminal que terminó con la muerte de Aliaga en julio del 2020.
En estado de shock, con lágrimas que no le permitían respirar con normalidad y casi sin poder hilvanar una frase completa, dijo en sus últimas palabras antes del fallo: “Confío en la decisión de estas tres personas (por los jueces). No me puedo sacar la cara de mi hija. Lamento que la fiscalía no me haya creído. Pasé momentos horribles”.
Gastón Curi habló con El Sol pocas horas después del fallo. El joven se encuentra en el cárcel Federal de Cacheuta, al igual que su familia. Estudia Derecho y aseguró sentirse defraudado con la fiscalía y tribunal por el castigo que le impuso.
“Nos mataron en vida. Esto o sentencia a muerte es lo mismo. El tribunal condenó con las pruebas que previamente seleccionó la fiscalía, dándole una interpretación antojadizamente que ellos quisieron darle. La necropsia habla de una muerte accidental y acá de una muerte querida, de una persona supuestamente secuestrada y en el lugar donde supuestamente estuvo (el galpón de calle Jujuy de Ciudad) no existe al menos un solo rastro de que eso haya sido así”, entendió que el joven Curi. Y agregó: “Yo tenía puestas mis esperanzas en el tribunal, que realmente iba a hacer justicia y hoy estamos vivos pero como muertos”.
Curi cuestionó duramente a la fiscal André y también el fiscal que instruyó la causa, Fernando Alcaraz. Aseguró que la representante del Ministerio Público “parece una mujer totalmente inhumana” y sobre el investigador aseguró que deberían haberlo apartado de cuando lo recusaron “en cuatro oportunidades”.
“Esto es una injusticia; una venganza. Jamás. Y digo jamás a los cuatro vientos secuestré ni maté a nadie. Hicieron lo que quisieron con nosotros. Nos mataron en vida; nos metieron en la demoladora de carne y no les importó nada”, dijo, y finalizó con fuerte mensaje: “Ya casi no tengo esperanzas ni ganas de continuar con vida. Lo hago porque hay gente que me ama, porque soy una persona de bien, pero yo por dentro me siento muerto”.
El otro caso
Lo que sucederá en el tiempo con Barrera y Sacolle también es incierto; más porque no era la única que causa que tenían en sus espaldas cuando fueron detenidos el 3 de agosto del 2020 en el barrio privado Dalvian por el conmocionante crimen de Aliaga: un año antes de ese hecho, fueron acusados por un caso ocurrido en Guaymallén.
Pocos datos habían trascendido del expediente P-733322/19 que se inició en la Oficina Fiscal Nº8 a fines de julio del 2019 y que ya fue elevado a juicio por el fiscal de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Daniel Alejandro Sánchez Giol. Para el próximo año, se fijó una audiencia luego de la oposición de las defensas al requerimiento, por lo que un tribunal deberá definir si envía a la pareja a juicio.
El avoque de esa causa sostiene que a las 6.15 del 24 de julio del 2019, Barrera y Sacolle y otras tres personas no identificadas–las que se denominan NN–, ingresaron desde la playa de estacionamiento donde trabajaban a un domicilio colindante ubicado en avenida Bandera de los Andes 329 vistiendo uniformes policiales.
Barrera fue marcado por algunos testigos con una campera azul con rayas refractarias y Sacolle vistiendo un chaleco antibalas negro y un handy. “Todos exhibían armas de fuego y picanas”, gritaron a todos los presentes que se trataba de un allanamiento y los compelían a retirarse del domicilio. La hipótesis de la fiscalía sostiene, básicamente, que el objetivo de Barrera y su gente era quedarse con la propiedad que estaba usurpada por otras personas.
Además, sustrajeron dinero de varias de las personas que se encontraban en la propiedad –quienes fueron atadas con precintos– y objetos de valor, como un reloj de pulsera de oro, una cadenita y aritos. También mataron a la perra de una pareja de jubilados que pernoctaba en el lugar, a quienes les quitaron 150.000 pesos producto de ahorros y aguinaldo, agrega.
Luego de tomar el control del lugar, habrían dicho: “Ustedes acá han usurpado, tienen que irse a la calle, en un ratito van a agarrar sus cosas y se van a ir”. Algunas de las víctimas escaparon y lograron dar aviso a la policía. Cuando llegaron algunos uniformados, Barrera y sus conocidos escaparon por un orificio en una pared de un baño que da a la playa de estacionamiento.
Barrera fue detenido por esa causa y recuperó la libertad con el pago de una caución a los pocos días. Sacolle no llegó a estar presa pero también pagó una importante cantidad de dinero para evitar los barrotes de una celda. La calificación contra ellos es pesada: usurpación de inmuebles en grado de tentativa agravado por el uso de arma en concurso real con robo agravado por el uso de arma, robo agravado por ser en poblado y en banda, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada y robo agravado por escalamiento todos en concurso ideal en concurso real con infracción a la ley 14.346 (maltrato animal).
Barrera ha explicado que es inocente en esa causa. La defensa de Sacolle, a cargo de Gabriela Massad, pidió el sobreseimiento por falta de pruebas. Entendió que no todos los testigos la señalaron en la escena y hasta explicó en un escrito que presentó recientemente, que Barrera y las personas que permanecían en el inmueble usurpado mantenían un conflicto y por eso lo sindicaron en el hecho, explicando que existían denuncias cruzadas.
Sobre Sacolle, Massad dijo que quedó demostrado que no estuvo en la escena porque se acreditó que estaba en su domicilio del barrio Dalvian dirigiéndose a trabajar “sin que siquiera haya asomado su humanidad a Guaymallén”. Por estos y otros puntos, se opusieron a la elevación a juicio de la causa para que un tribunal tenga la última palabra.
El conmocionante hecho
En base al fallo condenatorio, Diego Aliaga fue secuestrado en una casa de avenida Bandera de los Andes de Rodeo de la Cruz el martes 28 de julio de 2020 por la mañana y asesinado un par de días después mientras estaba cautivo en un galpón de calle Jujuy de Ciudad, donde Barrera y su mujer guardaban los vehículos de la empresa de transportes de su propiedad, llamada Solcito.
El objetivo de la familia, que contó con el apoyo de Lucas y Gastón Curi y de un empleado de la firma –Rosales– era quedarse con bienes muebles e inmuebles de Aliaga. Se trataba de autos de alta gama, un par de rodados Mercedes Benz para viajes y una casa del barrio Dalvian, propiedad de Aliaga.
Barrera vivía en esa vivienda y aseguró que se la compró al ex despachante de aduana e informante policial a cambio de miles de dólares que provenían de ahorros personales y de su padre. Sin embargo, Aliaga habría sido retenido para obligarlo a firmar, mediante amenazas, una serie de documentos que les permitían tener el control de ciertos bienes a los ahora culpables.
Consumado el homicidio, Rosales transportó el cadáver de Aliaga hasta Costa de Araujo. Cavó una fosa en un campo inculto y lo enterró. El lunes 3 de agosto, Barrera y su familia fueron detenidos en el Dalvian. En el domicilio había documentación que, se desprendió del proceso, Barrera se llevó del domicilio de Aliaga en el barro Palmares de Godoy Cruz horas después del secuestro.
Hubo escuchas que realizaron efectivos de Investigaciones que lo complicaron en la causa. Con el paso del tiempo, las pruebas los fueron acorralando hasta llegar al debate a fines del 2022.
Más de un mes después del crimen, cuando lo tenían acorralado, el chofer confesó y firmó un pacto de arrepentido con el fiscal de instrucción Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica. Gracias a esto, terminó recibiendo 17 años de cárcel, lejos de la prisión perpetua y los 25 años que había solicitado la fiscalía.