Mendoza parece predestinada a volver a la denominada Fase 1 de la cuarentena. Es el resultado de la evaluación de la situación epidemiológica de la provincia. En otras palabras: el sistema sanitario local no resiste tres o cuatro días más con números de nuevos contagios similares a los del último miércoles, y que marcó un récord en la cantidad de enfermos registrados en sólo 24 horas.

La duda es cuándo, cómo y dónde. Está claro que el mapa rojo del coronavirus está instalado en la zona metropolitana del Gran Mendoza. Tal como dijo el gobernador Rodolfo Suarez en la última conferencia de prensa, el casco urbano de Las Heras, Maipú, Ciudad, Godoy Cruz y Luján está marcando el aumento a ritmo acelerado de casos de coronavirus. Si se toma la decisión de ir a un cierre total (sólo se permitirán los rubros esenciales), el mapa estará claramente limitado en esta zona, para mantener ciertas flexibilizaciones en las áreas más alejadas y poder, al menos, contar con algún circuito económico vigente.

La visita de Alberto Fernández, el próximo lunes, puede ser clave para determinar el cuándo. El presidente tiene la facultad de resolver la vuelta atrás de Mendoza y, si eso ocurre, Suarez, que hasta ahora ha sido partidario de la apertura y de las flexibilizaciones, podría amortiguar el peso negativo que tendría en términos políticos una medida tan impopular.

En el Ejecutivo local existen dos aspectos que preocupan y que conforman el combo que conspira contra la intención del gobernador de mostrar que en Mendoza el balance armónico entre salud y economía es posible. El primero, está claro, es el número de enfermos graves en relación con la cantidad de camas de terapia intensiva. La opción de volver al aislamiento depende de ese juego de oferta y demanda. De hecho, el Consejo Provincial de Bioética que depende del Ministerio de Salud sigue de cerca la evolución de la ocupación de las camas críticas porque, estima, si no se logra bajar bruscamente la curva de contagios en cuestión de días, los médicos se enfrentarán al dilema de preferir quién sí y quién no podrá ser conectado a un respirador mecánico. 

Eso explica la compra apurada de cascos de oxígeno; de nuevas terapias de tratamiento y de la habilitación de camas para una terapia intermedia. El objetivo es tener una suerte de filtro que permita recuperar pacientes moderados, pero sin la necesidad de que pasen por una unidad de terapia intensiva.

El Gobierno nacional presiona para que el cierre se cristalice. Busca demostrar que el equilibrio procurado por Suarez no es posible y, de ese modo, justifica los meses de cuarentena ante sus detractores.

El segundo punto tiene que ver con la comunicación. Mendoza ha sido una de las provincias en que menos impactó la cuarentena y el aislamiento. Desde abril, las habilitaciones para ir recuperando algo de normalidad se fueron dando de manera escalonada, hasta que los números comenzaron a preocupar y la elección fue ir hacia un sistema “on-off”, con cierres focalizados en las reuniones sociales y acompañado por determinaciones de la Casa Rosada en la misma sintonía.

A pesar de esos beneficios en comparación con el resto del país, la apuesta del Gobierno provincial convocando a la responsabilidad social de los mendocinos no tuvo los resultados esperados. No hubo manera, entienden, de generar conciencia ciudadana para respetar protocolos mínimos, como el uso correcto de tapabocas, distanciamiento entre personas, higiene personal y, en especial, evitar las juntadas familiares o entre amigos. Esa clandestinidad hizo que, además, muchos optaran por no hacer consultas médicas ante síntomas mínimos, y de esa manera resultó imposible establecer una estrategia de aislamiento y bloqueo de casos sospechosos.

Las autoridades de Salud reconocen que ahí está el foco del problema. Si bien asumen falencias en la atención primaria, aseguran que el miedo a la estigmatización provocó que muchos pacientes ingresaran al sistema sanitario con un cuadro de la enfermedad avanzado y pasaran directamente a una unidad de cuidados intensivos.

El Gobierno está en medio de esa encrucijada. No tiene margen de error; ni desde lo sanitario ni desde lo financiero ni desde lo económico. Mucho menos desde lo social. El aislamiento obligaría a hacer un despliegue policial con una tropa con signos de agotamiento y muy observada a partir de la cantidad de episodios de violencia institucional que se dieron a nivel nacional. A eso, se agrega la poca voluntad para controlar los barrios que mostraron algunos intendentes durante la etapa más dura de la cuarentena. Y, si bien la posibilidad de pedir despliegue de fuerzas federales es una alternativa, por ahora no está en los planes.

La última carta tuvo que ver con el ultimátum de Suarez: o disminuyen los contagios o no queda más opción que el aislamiento. Recién dentro de una semana se sabrá si la advertencia hizo efecto o no. Pero, lo concreto es que, desde el martes del anuncio, los números no hicieron más que crecer. El rango de positividad se mantiene en una media del 45% sobre el total de testeos PCR procesados a diario. En el cuarto piso de Casa de Gobierno señalan que el límite es 50%. Esa frontera está cada vez más cerca.