El proyecto de ley del Gobierno de Mendoza para implementar un esquema de alivio fiscal y financiero destinado a las pequeñas y medianas empresas ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados. La iniciativa, que había sido anunciada el martes, propone una serie de herramientas para facilitar la regularización de deudas y reducir los costos financieros que enfrentan las empresas.

La propuesta provincial se presentó en sintonía con los anuncios realizados por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, durante la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). Mendoza avanzó con un esquema propio de beneficios tributarios y facilidades para el sector productivo.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la suspensión de embargos en juicios de apremio hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida alcanzará a los contribuyentes que cuenten con el Certificado MiPyME vigente y podrá extenderse por seis meses más, de acuerdo con los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto también incorpora la posibilidad de utilizar los saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para cancelar obligaciones correspondientes a impuestos patrimoniales. Esta alternativa estará disponible para los contribuyentes que tengan el Certificado MiPyME vigente y permitirá utilizar los créditos fiscales resultantes de la declaración jurada de septiembre de 2026.

Otro de los beneficios previstos es la ampliación de los planes de facilidades de pago. La Administración Tributaria Mendoza (ATM) estará facultada para otorgar financiación de hasta 18 cuotas mensuales para deudas vencidas durante el ejercicio corriente hasta el 30 de septiembre de 2026. Actualmente, el régimen contempla un máximo de 12 cuotas para las obligaciones correspondientes al año en curso.

En materia de sanciones, la iniciativa faculta a ATM a establecer reducciones de hasta el 50% en las multas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. El beneficio alcanzará a quienes regularicen sus obligaciones antes del 31 de diciembre de 2026 y cumplan con los requisitos que determine la reglamentación.

A esto se suma una reducción de las tasas de interés aplicadas por el organismo recaudador. La tasa resarcitoria para los contribuyentes en mora bajará del 2,5% al 2%, mientras que la tasa punitoria para las deudas que se encuentran en instancia judicial pasará del 4% al 3,5%.

Para implementar estos cambios, el proyecto instruye al Ministerio de Hacienda y Finanzas a establecer los nuevos valores de las tasas.

Con su ingreso a Diputados, la iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo. El paquete de medidas apunta a brindar alternativas para que las pymes mendocinas puedan ordenar sus obligaciones fiscales, reducir las cargas financieras derivadas de la mora y dar continuidad a sus actividades productivas.