El ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, fue condenado este jueves por Tribunal Colegiado Nº 2 a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de defraudación a la administración pública en la modalidad de administración infiel. Su esposa, Claudia Sgró, recibió la pena de 3 años y 4 meses. Tras la sentencia, los ex funcionarios de Guaymallén se retiraron a su casa porque el fallo no está firme.
Además, tanto Lobos como Sgró quedaron inhabilitados perpetuamente para ejercer cargos públicos.
El tribunal presidido por el juez Aníbal Crivelli -lo acompañaron Jorge del Pópolo y Marcelo Gutiérrez del Barrio, pidió que el ex jefe comunal del PJ sea detenido de inmediato, pero como la defensa presentará recursos de casación ante la Corte la prisión no se hará efectiva.
“El tribunal tomó el pedido del Ministerio Público de que el concepto de ‘ñoqui’ nos perjudica a todos y debe ser sancionado con toda la intensidad posible. Es importante que se entienda que la impunidad se ha acabado”, explicó el fiscal Sebastián Capizzi, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos.
Por su parte, el defensor Fernando Lúquez señaló que “esta condena se da en el marco político que se está viviendo, y es necesario en el acto eleccionario que se está dando”.
El intendente de Guaymallén fue juzgado por hechos acontecidos en la municipalidad entre 2011 y 2015. Había sido imputado, junto a su esposa y su suegra, por quedarse con los sueldos de una empleada municipal y de su hijo, que a su vez realizaban tareas domésticas en la casa de Lobos.
Lobos y su esposa ingresaron a la sala del juzgado pasadas las 17. Minutos después, se dio inicio la audiencia y el tribunal preguntó a los imputados si deseaban decir algo más al proceso, pero tanto el ex intendente como Sgró, que también fue funcionaria de la comuna, optaron por el silencio.
Durante el juicio, la empleada Laura Fara contó que la suegra de Lobos, María Elena Fernández, le ofreció ayuda del municipio de Guaymallén mientras realizaba tareas domésticas en la vivienda del intendente.
En 2015, con el cambio de gestión, Fara se enteró de que ella y su hijo Pablo Müller eran empleados de la comuna desde 2011 y 2014, respectivamente. La mujer denunció esta irregularidad ante la concejal radical Evelin Pérez.
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Lobos, por su parte, había explicado que al momento de cobrar, Fara no podía desconocer que era empleada municipal. También dijo no conocer a Fara y a Müller. “Nunca ordené ni autoricé que los contrataran”, afirmó en su momento.
Según las pericias, la familia Lobos habría recaudado casi medio millón de pesos de manera ilegal. En la mécanica del fraude, Fernández retenía la tarjeta de débito de Fara, retiraba un sueldo de $2.719 del Banco Nación y le entregaba unos $500 a la doméstica.
En 2015, Fara y Müller fueron nombrados en planta, pero el hijo de la ex empleada de los Lobos rechazó el cargo.
En tanto esta causa seguirá en un tribunal superior, el ex intendente de Guaymallén todavía tiene pendiente otras dos investigaciones más por corrupción y otra por enriquecimiento ilícito.
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