El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno Nacional, presentará este miércoles su informe final con recomendaciones para la reforma de la Justicia al presidente Alberto Fernández.

Se trata de un documento de 700 páginas, dividido en cuatro capítulos y un anexo, que contendrá propuestas fundamentadas de los consejeros, tanto en versiones de mayoría como de minoría, según trascendió de fuentes ligadas al consejo.

Entre los resultados que trascendieron, el consejo consultivo recomendó -por seis votos contra cinco- bajar la mayoría agravada en el Senado para aprobar la designación del Procurador general de la Nación.

Hoy, la ley exige una mayoría de dos tercios para el nombramiento y el cargo es vitalicio. El kirchnerismo está decidido a reducir esa exigencia para reemplazar a Eduardo Casal por un candidato afín sin necesidad de negociar su nombre con la oposición.

Los consejos de la Comisión

Para cada uno de los cinco temas que figuran en el decreto 635 de convocatoria del organismo habrá “dictámenes distintos y diferentes posiciones”, incluyendo el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos, como así también en relación a los juicios por jurados y la transferencia de las competencias no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • La recomendación para ampliar la Corte Suprema de cinco a nueve miembros “quedó descartada” y solo será avalada por uno de los consejeros “a través de un dictamen de 100 páginas”.
  • Otra de las conclusiones es la creación de al menos un tribunal “intermedio” cuya intervención sería previa a la de la Corte Suprema de Justicia, justamente para disminuir la cantidad de casos que llegarán al máximo tribunal y favorecer la agilidad en esa última instancia.
  • En relación al Procurador General, la recomendación mayoritaria será que su elección se produzca por mayoría absoluta (y no por mayoría agravada) y que su eventual destitución se realice por juicio político.
  • Los consejeros acordaron que el mandato del procurador debería ser limitado en el tiempo, y no vitalicio, aunque habrá posturas diferentes acerca de cuánto debería durar cada mandato (y si puede ser reelegido) y hay quienes sostienen que ello debe ser resuelto por los miembros del Congreso.
  • En cuanto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el comité de expertos mostró acuerdo en que debería ampliarse su conformación de 13 a 16 integrantes, y también en que deberían designarse cuatro representantes de los jueces, cuatro de los abogados, cuatro del sector académico y cuatro de los organismos políticos.
  • Entre esas sugerencia también plantean que quede eliminada la Oficina Anticorrupción, al menos tal como hoy se la conoce. Alberto Fernández consultó sobre la conveniencia de incorporar a la OA a la estructura del Ministerio Público Fiscal y los expertos decidieron avalar esa propuesta. 
  • En cambio, los juristas entendieron que la Unidad de Información Financiera (UIF) debía mantenerse con autonomía para funcionar.

El informe

El informe llegará a las manos del presidente Fernández dividido en cuatro capítulos:

  • Uno introductorio donde se resumen las conclusiones de las 25 reuniones mantenidas con entidades e instituciones relacionadas al Poder Judicial.
  • Otro con enfoques transversales acerca de cómo implementar el federalismo y las cuestiones de género en el funcionamiento de la Justicia.
  • El tercer capítulo estará dedicado a los fundamentos de los consejeros sobre los diferentes temas.
  • El último es el que enumerará las recomendaciones.

El consejo asesor está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, el mendocino Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.