El Gobierno busca conseguir en tiempo récord el respaldo legislativo para el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que define como “servicios públicos esenciales” los de telefonía celular, televisión paga e internet, y congela los aumentos de tarifas hasta fin de año. Así las cosas, el Congreso inicia este lunes un rápido trámite para el tratamiento de la medida anunciada el viernes por el presidente Alberto Fernández y publicada el sábado en el Boletín Oficial, que encuentra resistencia en la oposición.

La comisión bicameral parlamentaria que controla los DNU se reunirá este lunes para y buscará emitir dictamen. En ese sentido el titular de la comisión, Marcos Cleri (Frente de Todos) expresó su anhelo de que “se dé el debate adecuado” ya que la oposición rechaza la decisión del Gobierno.

Se descuenta que el kirchnerismo impondrá su mayoría en la comisión para ratificar el DNU. El apuro se explicaría porque la intención sería llevar el dictamen al recinto del Senado esta misma semana para aprobarlo y, así, bloquear un eventual intento de la oposición de rechazarlo en la Cámara baja.

Críticas opositoras

Los integrantes de Juntos por el Cambio no participarán de la reunión por considerar que su convocatoria ha sido irregular, según adelantó el diputado radical por Mendoza Luis Petri.

Los legisladores de JxC enviaron una nota a Cleri donde afirman que la reunión no fue convocada con el plazo de 48 horas hábiles y que la modalidad virtual de funcionamiento se encuentra suspendida ya que no se ha renovado el protocolo en la Cámara de Diputados que venció el pasado 7 de agosto.

“Con el DNU que califica de servicios esenciales a la telefonía celular y fija, internet y la televisión, el kirchnerismo se convirtió en campeón de iniciar juicios ante el Ciadi“, enfatizó el diputado y jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo. 

El Decreto 690 declara “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, al tiempo que ordena suspender “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre, una decisión que fue justificada por la emergencia causada por la pandemia de coronavirus.

Uno de los puntos centrales del decreto es la decisión de incorporar a la Ley de Telecomunicaciones un artículo por el cual se establece que los “Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.

Además, la norma prevé que “la autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.