La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN),la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) llevaron a cabo una concurrida jornada de formación en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. El encuentro abordó la tensión entre la libertad de expresión y la proliferación de discursos intolerantes, analizando sus raíces históricas, derivaciones procesales y sus graves implicancias en la ética judicial.

Ante una sala colmada de magistrados, funcionarios y profesionales del ámbito jurídico, que evidenció el fuerte interés de la comunidad local, se desarrolló el pasado 11 de junio de 2026 el ciclo de capacitación judicial Discurso de odio: Consecuencias jurídicas y rol del Estado ante la proliferación del discurso de odio en entornos digitales. La actividad sumó el esfuerzo conjunto de la AMFJN, la delegación de la DAIA y la AAJRA, en el marco de acuerdos de cooperación interinstitucional.

El evento contó con una destacada presencia de autoridades, incluyendo a jueces federales de la jurisdicción, la presidenta del Colegio de Abogados de Mendoza, el cónsul honorario de Israel en la provincia y autoridades de la DAIA. El principal objetivo fue promover la sensibilización y debatir sobre las herramientas jurídicas disponibles para frenar los mensajes discriminatorios en un ecosistema comunicacional transformado por las redes sociales.

Un abordaje multidisciplinario e integral

Para garantizar un análisis exhaustivo de la problemática, la jornada se estructuró a través de un panel de expositores que abordó el discurso de odio desde diversas aristas, otorgando un panorama completo y equilibrado a los asistentes:

La apertura del encuentro estuvo a cargo del camarista federal Juan Ignacio Pérez Curci, quien brindó las palabras de bienvenida. El magistrado invitó al auditorio a reflexionar sobre el lenguaje como herramienta fundamental, tomando como punto de partida las ideas de Hannah Arendt para ilustrar el peso de la palabra y su enorme peligro cuando se convierte en un vehículo para la violencia.

A continuación, el presidente de la AAJRA, Hernán Najenson, profundizó en la ineludible dimensión histórica del fenómeno. En su exposición, invitó a reflexionar sobre cómo el discurso de odio funcionó como el cimiento ideológico y el antecedente directo de las atrocidades que posteriormente debieron ser juzgadas en los tribunales de Núremberg.

En el plano de la aplicación del derecho, el abogado Agustín Ulanovsky analizó los antecedentes y el tratamiento jurisprudencial que se le ha dado a los discursos de odio dentro del ámbito y el sistema universitario, detallando los desafíos propios de ese sector.

Por su parte, Andrés Mexadeau abordó una de las problemáticas más técnicas y frecuentes en los tribunales actuales: las complejidades procesales y los conflictos de competencia territorial y material que surgen al momento de investigar e instruir causas vinculadas a expresiones de odio originadas en el ciberespacio.

Claudia Ostropolsky abordó las graves implicancias institucionales que se detonan cuando quien emite el discurso de odio es un juez de la Nación. Tomando como base el reciente proceso de remoción del juez federal Alfredo López, Ostropolsky explicó que una red social abierta no constituye un “ámbito privado”, y detalló que la causal de mal desempeño no requiere la comisión de un delito penal, sino que se configura cuando un magistrado subvierte su rol de garante de la Constitución al emitir mensajes discriminatorios que quiebran el principio de imparcialidad e igualdad ante la ley.

Sumando la perspectiva de la jurisdicción local, Fernando Freddi expuso sobre la jurisprudencia reciente de la Cámara Federal de Mendoza, analizando casos penales concretos resueltos por dicho tribunal tras recibir denuncias formales por incitación a la discriminación.

La jornada cerró con un firme consenso institucional: la educación en derechos humanos, la alfabetización digital crítica y la respuesta firme del sistema jurídico (a través de herramientas como la Ley Antidiscriminatoria y los pactos internacionales) son pilares indispensables para proteger la convivencia democrática frente a la intolerancia.