Por amplia mayoría, finalmente el oficialismo en la Cámara de Diputados logró dar media sanción a la reforma de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, en el medio se vivieron momentos de tensión y el radicalismo para consensuar tuvo que ceder en las “atribuciones” que pretendían darle al presidente del organismo, Néstor Parés.

Desde que se presentó el proyecto, el Frente de Todos se alarmó por los “superpoderes” que iba a tener en el futuro Parés si se aprobaban esos cambios. Según trascendió, en esta ocasión el Ejecutivo no quiso sumarse un problema antes de fin de año y aceptó varias modificaciones propuestas ante la amenaza del peronismo de recurrir a la Justicia si sancionaban el proyecto original. Las negociaciones transcurrieron durante todo el fin de semana largo.

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“La postura del peronismo fue que no íbamos a tolerar un cambio en el Tribunal que era debilitarlo como organismo de control. Si eso sucedía, íbamos a tomar medidas políticas y jurídicas. El Gobierno tuvo que ceder porque se iba a generar una situación muy mala desde lo institucional”, explicó el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Gómez.

Para el oficialismo, el partido mayoritario de la oposición se adelantó en salir a cuestionar el proyecto. El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jorge López, consideró que para el PJ iba a resultar “incómodo” cuestionar una ley que era “positiva”.

“Cedimos en algunas cuestiones para que la ley saliera prácticamente por unanimidad. Me parece que el PJ salió a cuestionar una ley que era positiva, después es incómodo decir que no defienden los ingresos por concurso. Ellos salieron por error rápido a oponerse a un proyecto positivo. Todo se focalizó en (Néstor) Parés y la ley es mucho más amplia”, explicó el diputado radical.

Entre los que se opusieron en la votación figura la diputada demócrata, Mercedes Llano y la legisladora del FIT, Mailé Rodríguez.

La quita de “superpoderes”

En concreto, con los cambios realizados se agregan instancias de control por parte del Tribunal y se quitan algunas atribuciones al presidente que se habían propuesto en un primer momento.

En el caso del presupuesto, si bien será elaborado por Parés, serán los miembros del órgano quienes tendrán que aprobarlo para luego enviarlo a la Legislatura.

Con respecto al polémico artículo 11, se hicieron algunos cambios clave: el presidente podrá designar a los cargos fuera de nivel (funcionarios) pero la remoción de los mismos quedará en manos del tribunal. En cuanto a las funciones que cumplirán esos cargos, serán determinadas por todos los miembros del organismo.

“Nunca quisimos darle superpoderes a Parés, sino marcar las diferencias para que el Tribunal no sea juez y parte a la hora de evaluar cuentas. Las responsabilidades administrativas son del presidente”, aclaró López.

En tanto, la figura de un vocal letrado no será obligatoria sino optativa. Tampoco podrá reemplazar al presidente del Tribunal durante alguna ausencia, como se pretendió en un primer momento, sino que el reemplazante será el vocal con mayor antigüedad.

Por último, el quórum seguirá siendo con tres integrantes del organismo y en casos excepcionales donde no logre reunirse ese número, la Corte podrá hacer un sorteo con las matrículas para el reemplazo de los vocales.