Lentamente, la Justicia parece ir en busca de respuestas a las denuncias por corrupción de la última década. En tanto, en Mendoza se espera una mayor reacción del fuero federal. Pero, a decir por lo actuado, el camino se perfila más largo aún, por lo que el final es incierto. Es que experiencias hay de sobras de lo que ocurre en materia judicial cuando cambian los Gobiernos. Ni hablar cuando ya no se tiene el mismo color político.

Así las cosas, los cuadernos de las coimas pusieron sobre la mesa lo que pudo haber ocurrido también en la provincia durante la administración del gobernador kirchnerista Francisco “Paco” Pérez, sobre todo con la obra pública. De hecho el ex mandatario justicialista está imputado en una causa por “fraude a la administración pública” en contratos petroleros con la firma Chañares Herrados y fue denunciado por enriquecimiento ilícito por la adquisición de un departamento en las imponentes Torres Agustinas.

Hay ciertos indicios que empiezan a reportar resultados y otros que pueden ser motivo de posibles investigaciones, pero que cuesta que se dé el paso decisivo. El movimiento de la Justicia en este sentido será determinante, pero también del actual mandatario, Alfredo Cornejo, quien disparó días atrás con munición gruesa, pero quedó a mitad de camino, junto con la Nación.

Lo que hizo sonar las alertas, en medio del escándalo nacional de los sobornos, fue la declaración que soltó Cornejo acerca de las irregularidades en la construcción inicial de la cárcel federal, que recién hace pocos días comenzó con la inauguración de la primera etapa, coincidiendo con la detención de uno de los empresarios que ganó la licitación original: Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux, quien aparece en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Fue el primero en admitir el “pago a la política”, por la obra de la Usina de carbón de Río Turbio.

En 2011, todo indicaba que avanzaba con fuerza el Centro Federal Penitenciario de Cuyo ya que se realizó el proceso licitatorio, que fue ganado por la UTE conformada por la compañía de origen español Isolux Ingeniería SA y la cordobesa AMG Obras Civiles. En 2015 la obra sólo estaba en un 27% pero cobró certificados por 70% de trabajo terminado. El valor presupuestado durante la gestión K era de $190 millones en un plazo de obra de 36 meses. La compañía cobró finalmente $133 millones, cuando en realidad debería haber percibido no más de 50 millones de pesos.

La edificación se retomó recién este año, tras una nueva licitación ganada por la UTE entre OHA y la reconocida firma mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA), propiedad de Fernando Porreta, curiosamente la principal adjudicataria local de obra pública en la última década, la cual también está bajo sospecha judicial por otros casos y vinculada al entonces ex ministro de Planificación Julio De Vido. Hoy el penal tiene un avance total de 60% en los 34.000 metros cuadrados que constituyen la obra y ya comenzó el traslado de algunos presos.

“A comienzos de mes, el gobernador, frente al presidente de la Corte nacional, habló de la corrupción que hubo con la cárcel federal, pero curiosamente, nadie le pidió que sus palabras las tradujera en una denuncia formal; es su deber como funcionario público”, admitió una alta fuente del Poder Judicial mendocino, quien no sólo reconoce que dentro de la Justicia provincial hace falta más acción sino que espera que los tribunales federales se hagan eco.

“La Justicia es muy dormilona. Casi en dos años no hizo nada. Muy lento han actuado, teniendo auditorías y pruebas concretas. Por eso, más allá de lo que pueda hacer el gobernador, no creo que haya mucho movimiento judicial”, expresaron desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, también en relación a causas provinciales.

Mientras, en la Justicia federal parece que no han acusado recibo o prefieren dejar que la pelota pique en la vereda de enfrente en cuanto a la cárcel federal.

“No tenemos conocimiento de que se haya iniciado una acusación formal al respecto. Se podría iniciar de oficio, pero a veces son declaraciones políticas del momento. Si el gobernador considera que fue algo grave debería hacer la denuncia”, expresaron a este diario desde el fuero federal.

En síntesis, se trata de una diferencia millonaria por la que se espera que alguien dé las explicaciones pertinentes ante la Justicia. Si no es ahora el momento de exigir respuestas ante la importante evidencia, difícil será más adelante. No se puede quedar más a mitad de camino.