En febrero del 2015, un joven de 20 años llamado Simón Díaz fue hallado sin vida en calle Filippini de Tupungato. Su cuerpo presentaba lesiones que eran compatibles con un accidente vial, pero no había pistas sobre el rodado ni el conductor que lo había atropellado.

Seis meses pasaron para que los investigadores concretaran la captura del sospechoso, mediante los datos aportados por un informante. El lunes, a casi cuatro años del hecho, Pablo Miguel Ozán fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir por el delito de homicidio culposo.

Más allá de la pena impuesta por la Justicia, Ozán podría enfrentar consecuencias en su trabajo. Esto, porque mientras se encontraba imputado por la muerte de Díaz, rindió el ingreso al Servicio Penitenciario Provincial e ingresó a la fuerza.

Tras la sentencia, la Inspección General de Seguridad (IGS), que estaba siguiendo de cerca su situación, solicitó la no confirmación del cargo del penitenciario. Además, se encuentra cumpliendo su año de prueba como uniformado, razón por la cual podría ser echado por decreto cuando se realice un análisis de sus antecedentes, según lo establece la ley policial.

Fuentes allegadas al organismo de control policial y penitenciario contaron que Ozán está complicado a nivel administrativo tras ser condenado y que, desde un principio, fue un error que admitieran como penitenciaria a una persona que se encontraba imputada penalmente.

En las próximas semanas será el Ministerio de Seguridad el que deba decidir el futuro de Ozán, ante el pedido de la IGS y el antecedente judicial que ahora pesa sobre él.

El caso

La muerte de Simón Díaz provocó indignación entre los pobladores del distrito tupungatino de San José. La misma se produjo la madrugada del 1 de febrero del 2015, entre las 7.30 y las 8.30. Conductores que pasaron por calle Filippini observaron que a la orilla del asfalto estaba recostado un joven.

Fueron dos vehículos los que pasaron, cuyos conductores lo esquivaron y luego dieron aviso a la línea de emergencias 911.

Al parecer, mientras la Policía se desplazaba al lugar, por allí pasó otro rodado. Pero la persona al volante no advirtió la presencia del chico y le pasó por arriba, continuando su camino sin detenerse.

Para cuando los efectivos arribaron, se encontraron con Simón Díaz gravemente herido, con diversas lesiones. Posteriormente, médicos confirmarían el deceso del joven.

Tras el fallecimiento, se inició una investigación para dar con el conductor que había arrollado a la víctima. En la misma se registraron ciertas irregularidades, comprobándose que se había manipulado una foja del expediente que daba cuenta de allanamientos en talleres de chapería y pintura del departamento.

Lo cierto es que las averiguaciones y las medidas continuaron pero aunque pasaban los meses no había novedades. Familiares, amigos y vecinos de Díaz realizaron media docena de movilizaciones para pedir justicia por la muerte del joven.

Poco más de seis meses después del hecho, un llamado anónimo aportó datos sobre el vehículo buscado y el conductor que había atropellado a la víctima: se trataba de Ozán, quien tenía un Chevrolet Classic bordó.

Policías constataron la información y allanaron la propiedad del sospechoso, secuestrando el vehículo señalado. El mismo fue sometido a peritajes, los cuales arrojaron que en el margen izquierdo del rodado, con el que se produjo el impacto, había rastros genéticos que dieron compatible en 99,99 por ciento con el ADN de Simón Díaz.

El juez Alfredo Giuberti, que estuvo a cargo de la causa en su momento, imputó a Ozán por homicidio culposo, quedando este libre por tratarse de un delito excarcelable.

Después, la causa pasó por una guerra judicial para llegar este año a la elevación a juicio. El debate no estuvo ajeno a las polémicas, ya que la defensa de Ozán sostenía que estaba comprobado en el expediente que Díaz estaba alcoholizado al momento de su muerte y que la reconstrucción daba cuenta de que se habría acostado sobre el asfalto debido al estado que presentaba.

Sin embargo, dos testimoniales fueron claves para que el juez Alejandro José Miguel, del Tribunal Penal Colegiado Nº2, condenara por homicidio culposo a Ozán. Fueron las declaraciones de los dos conductores que pasaron junto a Díaz antes de ser atropellado, estos aseguraron que el cuerpo era visible desde unos 300 metros de distancia, por lo que no resultó difícil esquivarlo.

Asimismo, se tuvo en cuenta que, por los peritajes realizados en la escena, las marcas en el asfalto y demás elementos daban cuenta de que Ozán circulaba a alta velocidad cuando arrolló al joven. También los pesquisas especulaban con que el mismo podría haber estado alcoholizado, pero jamás se pudo demostrar por el tiempo que pasó hasta su captura.