Las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la Dirección Provincial de Vialidad son un ejemplo que deben trascender la multa y la investigación contable para tener consecuencias penales. Que se haya oficializado la renuncia de quien fue el administrador y principal sospechoso de los gastos y de las compras cuestionadas no debe tomarse como un punto final en la causa. Y es el Ejecutivo, más allá de lo que ocurra en la Justicia, el que debe levantar la bandera para garantizar que en todas sus dependencias se trabaje con transparencia y honestidad. Eso sólo lo conseguirá si les da continuidad a los expedientes administrativos y no mira hacia otro lado.
Lo que ocurrió en Vialidad es grave.
Es el despilfarro y la malversación de fondos públicos para privilegios personales. Un festival de abusos de poder en una provincia empobrecida. No puede pasar desapercibido.
Es momento de entender que debe existir tolerancia cero para la corrupción. No hay casos chicos ni casos grandes. Todos deben ser sancionados y desaprobados de la misma manera. No es más que la inmoralidad que baja desde el poder y se termina naturalizando.
La clase política tiene que empezar a depurarse. No hay otro camino. Y terminar de una vez por todas con las actitudes partidarias o corporativas para justificar hechos de estas características. La resistencia tiene que ser desde dentro.
Y esto les cabe a todos por igual, en tiempos en que se buscan excusas insólitas para encubrir comportamientos delictivos. Ese el principio del fin.