La Justicia solicitó las capturas Ramón Duarte y su ex pareja Marta Reina, quienes se encuentran prófugos después de que la Suprema Corte de la provincia ordenó realizar un nuevo juicio en su contra por el crimen de la hija de la mujer, Micaela Reina, ocurrido en 2007.

De acuerdo con la información a la que accedió El Sol, tras el fallo del máximo tribunal los acusados debían ser notificados acerca del nuevo debate que enfrentarán en un futuro próximo. No obstante, jamás se los encontró en los domicilios que tienen declarados, motivo por los que el jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, ordenó su detención.

Pasado el mediodía de este jueves, Reina y Duarte continuaban en la clandestinidad, indicaron fuentes judiciales consultadas.

Pese a eso, el abogado defensor de la madre de la víctima, Sergio Carreño, fue consultado por este diario y aseguró que no ha sido notificado sobre la medida contra su cliente y que desconoce la situación de Duarte. 

Fue a comienzos de octubre del año pasado cuando los jueces supremos Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio hicieron lugar al recurso de casación que fue interpuesto por Guzzo, quien era fiscal de Cámara cuando se realizó en 2014 el primer debate contra Reina y Duarte.

En ese juicio, la Séptima Cámara de Crimen, que estaba presidida por Gabriela Urciuolo e integrada por Agustín Chacón y Alejandra Mauricio, absolvieron a la madre de la pequeña y su ex pareja.

El fallo provocó una fuerte polémica, ya que la razón por la que no fue hallado culpable Duarte se debió a un error judicial. Es que por el asesinato de la niña se encontraba condenado a 15 años de prisión el padre de Micaela, Alejandro Prádenas (51).

El progenitor fue sentenciado en 2009, pero fue ocho años después cuando la Corte lo ratificó, por lo que lleva poco más de tres años detenido, tras permanecer una década en la clandestinidad.

Pero el máximo tribunal no sólo confirmó el fallo, sino que elevó la pena de 6 a 15 años de prisión.

Los abogados de Prádenas, Gabriela Massad y Ariel Civit, han presentado ante la Corte un pedido de revisión del juicio y consideran que se debe declarar la inocencia de su cliente por falta de pruebas.

Las idas y vueltas en la investigación

El cadáver de Micaela Reina fue encontrado la tarde del 17 de mayo de 2007 en el interior de la pileta de una bodega de calle Sarmiento, en el departamento de Guaymallén.

Fueron indigentes que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar quienes advirtieron la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

Uno de ellos, Apolo Jacob Díaz, terminó detenido como principal sospechoso y pasó a la cárcel. El joven quedó comprometido por un cotejo positivo de ADN con restos de semen hallados en el jogging que vestía la víctima.

Esa prueba se cayó en el primer debate que tuvo el caso, al que también llegaron como acusados el padre y el tío de la criatura. La defensa de Díaz solicitó la nulidad del peritaje, ya que el fiscal Alejandro Iturbido -ahora jefe de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual- jamás le notificó sobre la medida.

Por ese motivo, Díaz fue apartado del juicio. Luego, el fiscal Especial Eduardo Martearena -ahora juez de un Tribunal Penal Colegiado- ordenó repetir el cotejo y en esa oportunidad resultó negativo, por lo que el joven quedó en libertad en 2010.

Tras tomar la causa el fiscal Santiago Garay, se comenzó a profundizar una línea investigativa que apuntaba contra Marta Reina y su segundo marido, Ramón Duarte.

El hombre era amante de la madre de la víctima desde antes del hecho y se habían casado en plena investigación del asesinato de la menor.

A partir de allí una serie de pruebas comenzaron a complicar a Duarte: una mochila de la niña hallada cerca de su casa, el último recorrido que hizo en colectivo, el cotejo de ADN positivo a una mancha de semen hallado en el pantalón de la víctima y hasta su propia confesión.

Pese a eso, en noviembre de 2014 terminó absuelto y en libertad.