Bastó con que se asomara el brillo de la hoja para que se ordenara el entrevero agropecuario. “Y la verdad es que uno no quiere ejercer la espada del poder”, les dijo el Presidente a los representantes del campo antes de sentarlos a la mesa para hablarles del valor de la leche, los pollos, la carne, la harina y del pan. Desenfundó con la advertencia de la suba de las retenciones, pero el filo quedó intacto. Se entregó al camino del consenso para escrutar, por caso, en qué lugar de la cadena del pan se desata la formación del precio. Cambió espada por baguette sabiendo que la apuesta puede dejarlo con el plato y la vaina vacíos.
Alberto Fernández sabe que el plan del Consejo Económico y Social es una jugada que inquieta a un sector de la coalición de gobierno y que corre bajo su exclusiva responsabilidad. El Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde esta semana pasaron sindicalistas y empresarios, va camino a convertirse en el museo de las mesas de diálogo frustradas. En las puertas de un año electoral, no hay margen para acumular más mobiliario.
“Tenemos que garantizar que los precios internacionales que nos favorecen que crezcan, no se vuelvan en desmedro de los argentinos”, reclamó Alberto Fernández desde Tucumán y en menos de 24 horas los integrantes de la Mesa de Enlace lo convencieron de que el productor y los mercados internacionales no son los responsables de fijar los precios al consumidor. Y le propusieron salir de cacería en busca del remarcador: la historia del “yo no fui”.
El verano de 2020 tuvo su primera mesa de diálogo que se vació por coronavirus y en el invierno, decidido a anticiparse a la pospandemia, el Gobierno lo volvió a intentar. Comenzó por la construcción. Hubo fotos con barbijos y un documento que demoró dos meses en nacer con un proyecto de ley, que incluía blanqueo y beneficios fiscales, para reactivar al sector. La iniciativa acordada entre el ministro Martín Guzmán, la Cámara de la Construcción y la UOCRA, llegó en octubre al Congreso y recién esta semana consiguió la sanción.
“Funcionarios que no funcionan”, escribiría por esos días Cristina Fernández. En el Frente de Todos no sólo identifican al “enemigo de la mesa de los argentinos” en la Sociedad Rural, también reconocen problemas de gestión. Unas semanas después de aquel llamado de atención, la vicepresidenta insistiría nuevamente: “A los que tengan miedo de ser ministros que vayan a buscar otro laburo”. Con la advertencia, renació el plan del diálogo tripartito para atender la agenda de prioridades que marcó la ex Presidenta: precios, salarios y tarifas.
El plan no termina de entusiasmar a la vice. En el museo de los acuerdos frustrados están los muebles de la “sintonía fina” que lanzó luego de su reelección en 2011 y que se estrenó con la “mesa de la leche”. La pulseada entre los tamberos y la industria terminó con los canales de diálogo cortados por la espada del poder, la “Leche para todos”, y la mesa a la baulera. Los reclamos de los productores, hoy siguen siendo los mismos.
El Presidente se lamentó por la suba del precio del pan, empujado por el salto de la cotización del trigo. Una escalada que lleva varios meses. Pasó de los 14.500 pesos por tonelada a comienzos de septiembre, en el mercado local, a los 19.400 pesos a los que cerró el viernes, según el monitor de comercialización que difunde el Ministerio de Agricultura de la Nación. Una escalada de 33,8%. La bolsa de harina 000 de 25 kilos al por mayor pasó de 750 pesos a 1000 pesos promedio en esos 5 meses. Del trigo a la harina, el traslado a precios fue total.
Y de acuerdo con los datos del Indec, entre septiembre y enero, el precio del kilo de pan pasó de $ 127,31 a $ 145,61, una suba de 14,4% en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. ¿El aumento del precio de la harina explica la otra suba? En el Gabinete no lo dudaban. Desde la Mesa de Enlace dijeron “nosotros no fuimos”.
¿Cómo se forma el precio de la baguette? La cuenta que le ofrecieron los representantes del campo al Presidente, a partir de un estudio que elaboró la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, apunta a que como máximo el 13 por ciento del precio del pan lo explica el trigo. Es decir que la suba del cereal sólo justificaría el aumento de 5,6 pesos de los 18,3 pesos que trepó el pan entre la primavera y el verano. ¿Y el otro 70% de la suba, cómo se explica? “Miren a la industria”, fue la respuesta.
Desde la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires, que agrupa a pequeños empresarios panaderos, le apuntan al trigo y al aumento del precio de la bolsa de harina, pero también a la energía, al combustible, los alquileres, los salarios (que crecieron 5% en enero) y otros insumos que por poco que inciden, también impactan, como la sal. Y sobre todo hablan de la carga tributaria que llega al 25 por ciento. Acá también dicen: “Yo no fui”.
Y ahí radica la complejidad de la tarea. Por ejemplo, el estudio “eslabón por eslabón” de la cadena del plan supone un estudio que se ramifica en miles de pequeñas industrias familiares a lo largo y ancho del territorio nacional. Porque la dispersión de los costos es dramática: si el kilo de pan cuesta en promedio 145 pesos en el Gran Buenos Aires, según la estadística oficial, vale 100 en Cuyo y 118 en Córdoba. No hay una estructura de costos. Hay miles.
El desafío al que se enfrenta el Gobierno con el Consejo Económico y Social, es que no alcanza con formar mesas sectoriales, sino al mismo tiempo regionales. No es una mesa de diálogo, sino un sistema de puesta en común, de revisión, control y seguimiento de cada eslabón de la inmensa cadena productiva argentina. El Gobierno le pidió a los gremios que contribuyan con la tarea, sino será imposible que los salarios le ganen a la inflación. Se viene la era del sindicalismo inspector.
Los acuerdos de precios de la última década, desde la “carne para todos” de Guillermo Moreno, fueron la consecuencia de esas mesas frustradas donde nadie tiene la culpa, sino el de al lado. Y la apuesta por el entendimiento para resolver el problema no sólo reclama “franqueza”, como pidió el Jefe de Gabinete. También implica gestión. Después de los 6 meses que llevó la aprobación del plan para la construcción: cuánto demandará su puesta en marcha. Nadie lo sabe. Con el resto de la economía, aún no han comenzado.
En diez días inaugurarán el nuevo mobiliario del Consejo Económico y Social y comenzarán a diseccionar los precios de los principales bienes y servicios del mercado, al igual que con la baguette. El enorme desafío de esa institución será establecer mecanismos de acuerdos de mediano y largo plazo que no se agoten en la carrera contra el reloj del ciclo electoral. Es cierto que si el tiempo gana, está a mano la espada del poder, esa que nunca llega hasta el museo. La pregunta es, para ese entonces, quién blandirá la espada.
