La jueza de Mahnattan, Loretta Preska, determinó este jueves que la Argentina es pasible de embargos por parte de querellantes en la causa por la expropiación de YPF.
La decisión de la magistrada implica que los activos del país en el exterior podrían pasar a manos del querellante. Quien podría pedir los embargos es el bufet Buford, que compró los derechos de litigios a accionistas menores de la compañía y fue quien ganó el juicio.
Preska determinó en 2023 que el Estado nacional era responsable por haber expropiado mal la petrolera en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El fallo condenaba a Argentina a pagar 16 mil millones de dólares.
Argentina tenía plazo hasta este miércoles para presentar las garantías que eviten la posibilidad de ser embargados. El Gobierno había pedido una extensión de los plazos, pero no llegó a presentar los activos como avales. Terminado el plazo, esta posibilidad quedó desestimada.
La estrategia del Gobierno es llevada adelante por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y es representada en Estados Unidos por el estudio Sullivan & Cromwell.
Con información de Infobae.