Un fiscal apeló a la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar parcialmente la causa conocida como Vacunatorio VIP al considerar que no existía un delito imputable a las 70 personas (entre funcionarios, dirigentes, familiares y allegados al poder político) que recibieron “un trato especial” al ser inoculadas con Sputnik V a comienzos de año.
Para la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sí existieron delitos. En este sentido el fiscal Sergio Rodríguez apuntó contra Capuchetti en su presentación ante la Cámara Federal y sostuvo que “producto de una incorrecta interpretación de la prueba colectada”, la jueza “arribó a una conclusión errada”.
Para Rodríguez, la “errónea interpretación” de la magistrada generó una “orfandad probatoria reinante en el proceso” que “obturó en forma definitiva” el expediente.
Así las cosas, el fiscal solicitó que los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boicco (ex abogado de Cristina Kirchner), revoquen el archivo parcial del caso -ya que siguen abiertas tres líneas más de investigación-.
Al momento de fundamentar su apelación, la PIA reiteró: “Nos encontramos frente a una investigación donde producto de una incorrecta interpretación de la prueba colectada, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9 arribó a una conclusión errada”. En tal sentido, agregaron: “Circunstancia que no hizo otra cosa que culminar en una resolución por la cual este Ministerio Público Fiscal tuvo que agraviarse”, y sobre eso fundar su apelación.
Además consideró que los hechos investigados “en relación a la totalidad de las personas vacunadas pertenecientes a dichos grupos prioritarios, resultan atípicos”. Por ello, indicaron que “resulta necesario a juicio de esta parte la realización de un número mayor de pruebas que permitan –al menos, en esta instancia- determinar las inconsistencias planteadas“.