El fiscal federal, Franco Picardi, imputó al ex presidente Mauricio Macri como presunto responsable de armar un “plan sistemático” de espionaje ilegal, desplegado en el 2018 para lograr “objetivos políticos y personales”.

Según se detalla en el escrito, el ex mandatario tenía un interés “personal” de espiar. Es por eso que se requirió elevar la causa a juicio oral y público.

Ese pedido fue realizado en la causa donde Cristina Kirchner es víctima por la vigilancia que se instaló en su casa de Recoleta y en la sede del Instituto Patria. En ese contexto, también pidió enviar a juicio a los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otros dos ex funcionarios.

“Un análisis global de todas las circunstancias que rodean al presente caso impone indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”, señala el dictamen del fiscal que tiene históricos vínculos con la agrupación kirchnerista “Justicia Legítima”.

Además, añadió: “Hay circunstancias objetivas comunes en las causas cuyas investigaciones se orientan al conocimiento de posibles acciones de inteligencia ilegal desplegadas durante el período de gestión que tuvo a su cargo la dirección de la AFI entre los años 2016 y 2019. Entre ellas: la intervención de las máximas autoridades y agentes de alto rango, el perfil de las víctimas y, en particular, sus actividades públicas en vinculación con intereses políticos partidarios, y ciertos modus operandi que abarcaron vinculaciones espurias con agencias estatales diversas”.

Para el fiscal, el denominador común de las personas en calidad de víctimas fue la naturaleza de sus actividades públicas.

“De la acreditación probatoria del caso derivaron vinculaciones directas entre varios de los objetivos de inteligencia ilegal promovidos e intereses personales que son reconducibles a Gustavo Arribas y Mauricio Macri. Ellas se verificaron con especial énfasis a partir de los seguimientos que se establecieron en perjuicio de Salvatore Pica, la pareja de Florencia Macri -hermana del ex presidente- y del periodista Hugo Alconada Mon”.

Asimismo, “lo que tienen en común, a priori, es la sospecha de intervención de las máximas autoridades de la Agencia, en el marco de la planificación, coordinación y ejecución de tareas prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal”, explicó Picardi.

Las actividades de inteligencia ilegal que se desplegaron en ese caso “se realizaron bajo dos modalidades en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión”, sostuvo el fiscal.

Picardi reseñó además que durante el gobierno de Macri se devolvió a los fondos de la AFI el carácter de reservados, lo que dotó de “opacidad” a ese organismo para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas.

“Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo”, relató en esa causa un testigo de identidad reservada.

Esas maniobras intentaron ser justificadas ante la Comisión Bicameral de Inteligencia primero y ante la justicia después como tareas vinculadas a la posibilidad de que la entonces senadora fuera blanco de un ataque en el marco de la cumbre internacional de G20 llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires por aquellos días.