El Gobierno nacional se encuentra llevando adelante un proceso de desburocratización del sistema de transferencia de automóviles. En medio de estas iniciativas, una cámara empresaria denunció el faltante de cédulas verdes como de patentes de rodados, pero desde el Estado nacional aseguran estar al día con los pedidos.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la R.A (ACARA) envió una nota al Ministerio de Justicia, encargado de regular este tipo de procesos, en el que denuncian 1554 registros en todo el país.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner en su conocimiento que Casa de Moneda SA está omitiendo cumplimentar las entregas de elementos e insumos registrales (chapas metálicas de identificación y Cédulas Únicas de Identificación) en los términos y condiciones acordadas, por circunstancias que alegan como imponderables y fortuitas, ajenas a su giro comercial, incurriendo en significativas demoras que provocan consecuentemente la imposibilidad real de cumplimentar, por nuestra parte, la puntual entrega de los mismos”, expresó la nota de Acara.

La respuesta del oficialismo fue que apenas asumieron a la gestión, en la Casa de Moneda se produjeron faltantes a la hora de las entregas de cédulas y patentes. Además, explicaron que la producción standard de 40.000 “placas” semanales o 160.000 “placas” mensuales, entendiendo que un auto lleva dos placas y una moto, una sola placa.

Desde Acara expresaron que esta situación fue informada a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Justicia para que “se regularice” la provisión de los “elementos faltantes” (chapas y cédulas). A su vez, remarcaron que el único proveedor de estos elementos es la Casa de la Moneda.

“Por todo lo expuesto, le solicitamos tenga a bien informar a los usuarios la real situación, expuesta en los párrafos precedentes, recordándole que este Ente Cooperador no se encuentra habilitado a brindar información al público usuario”, completaron desde Acara.

Pero en la cartera que lidera Mariano Cúneo Libarona remarcaron que su intención es “tener un registro en la Argentina que deje de ser un negocio”, ya que aseguran que se cobran por registros y esos montos “nunca son declarados”.  En la misma línea, enfatizaron que “vamos a terminar con el curro de los (registros) automotores, que es una caja de la política”.

A principios de julio, el Ejecutivo cerró, mediante resolución, cerca de 130 registros del automotor en todo el país y dio de baja la apertura de otro centenar de oficinas. En mayo pasado, Milei justamente había anunciado la eliminación del 40% de los registros del automotor para “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.

En ese entonces, Cúneo Libarona declaró en diferentes medios que reducirá “el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.

También que los titulares de los registros seccionales se hicieran cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y a su productividad.  De este modo, la cartera de Justicia podrá controlar la estructura de costos de los encargados de registros.

Cabe recordar que en mayo, desde Casa Rosada anunciaron que la cédula azul ya no es obligatoria y que sólo es necesaria su exhibición física o digital, como también de la cédula verde del titular del automóvil. Las mismas, se indicó, no tendrían vencimiento.

El Gobierno quiere avanzar con la derogación del régimen que impone el monopolio de Casa de la Moneda en la compra de insumos, ya que consideran que  “permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”. Pero primero tienen que “ordenar otro tipo de prioridades”.