El Gobierno no logra, por ahora, encaminar su intención de modificar la ley electoral. No cuenta con los votos necesarios en el Senado ni con respaldo interno suficiente para sostener los cambios que impulsa.

El eje de la discusión pasa por la continuidad de las PASO. El Ejecutivo busca eliminarlas con el argumento del costo, pero en la oposición predomina la cautela. En ese contexto, desde la Casa Rosada surgió la idea de habilitar una lista colectora por distrito como posible moneda de cambio para los gobernadores, una herramienta históricamente cuestionada incluso por sectores del propio oficialismo.

Las diferencias también atraviesan a La Libertad Avanza. Patricia Bullrich llegó a calificar a las colectoras como “un retroceso” y afirmó que no le “gustan”, aunque luego matizó su postura al señalar que, pese a las objeciones, “no encontramos un sistema mejor”. En paralelo, se barajan alternativas como eliminar las PASO, volverlas no obligatorias o modificar su financiamiento.

El principal obstáculo sigue siendo político. A la falta de apoyo del peronismo se suma la resistencia de aliados como la UCR, el PRO y partidos provinciales. Gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut) ya anticiparon su rechazo a las colectoras, lo que complica aún más cualquier intento de acuerdo.

En este escenario, la reforma electoral perdió centralidad en la agenda del Senado. Lo que semanas atrás era un tema prioritario hoy quedó relegado frente a otras negociaciones, como el proyecto de zonas frías, donde el oficialismo concentra sus esfuerzos para asegurar financiamiento.

Desde los bloques aliados advierten que los tiempos ya jugaron en contra del Gobierno. El acuerdo inicial contemplaba cerrar cualquier modificación al sistema electoral antes del final del primer semestre, un plazo que ya quedó atrás. Por eso, consideran poco probable que haya definiciones antes del último trimestre del año.

Incluso, ven difícil que el tema se resuelva hacia fines de noviembre, en medio del debate por el Presupuesto 2027. En ese marco, el Ejecutivo deberá incluir en el proyecto que enviará el 15 de septiembre las partidas necesarias para organizar las elecciones, lo que podría condicionar aún más cualquier intento de reforma.