A pocos días de asumir como jefe de Gabinete, Diego Santilli comenzó una ronda de reuniones con gobernadores con el objetivo de fortalecer la relación política entre la Casa Rosada y las provincias y conseguir respaldo para uno de los principales proyectos del oficialismo: la reforma electoral que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El nuevo ministro coordinador apuesta a capitalizar el vínculo que construyó durante años con distintos mandatarios provinciales para destrabar una iniciativa que el Gobierno considera estratégica de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En la Casa Rosada sostienen que la eliminación de las primarias reduciría la cantidad de convocatorias electorales y permitiría un ahorro estimado en 300 millones de dólares. Sin embargo, también reconocen que la reforma tiene un objetivo político: evitar que sectores opositores utilicen las PASO para conformar frentes competitivos.
Uno de los primeros en reunirse con Santilli fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Tras el encuentro, el mandatario destacó la predisposición del nuevo jefe de Gabinete y aseguró que lograron avanzar en distintos temas vinculados con su provincia.
Según trascendió, Torres presentó una serie de pedidos, entre ellos una garantía soberana para acceder a un crédito de 60 millones de dólares de la CAF destinado a financiar el nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia y la conformación de una mesa de trabajo para avanzar en la futura concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú.
La estrategia para reunir votos
Durante las conversaciones, Santilli también planteó la necesidad de avanzar con la reforma electoral y pidió a los gobernadores que analicen la propuesta oficial. La iniciativa todavía no fue presentada formalmente, aunque el Ejecutivo ya explora alternativas para superar la resistencia de algunos aliados parlamentarios.
Entre las opciones que analiza el oficialismo aparece un mecanismo que permitiría que distintos partidos presenten listas propias de candidatos a diputados nacionales mientras respaldan una única candidatura presidencial, la de Javier Milei. El esquema guarda similitudes con las colectoras o con algunos aspectos de la antigua Ley de Lemas, al habilitar competencia legislativa dentro de una misma oferta presidencial.
Desde el Gobierno consideran que esa alternativa podría facilitar acuerdos con fuerzas aliadas sin necesidad de mantener el sistema de primarias, aunque la propuesta todavía se encuentra en etapa de elaboración.
Gobernadores con posiciones divididas
La iniciativa genera reacciones dispares entre los mandatarios provinciales. Ignacio Torres evitó fijar una posición definitiva y señaló que primero esperará conocer el texto del proyecto antes de pronunciarse. Recordó además que el PRO había impulsado una propuesta para que las PASO dejaran de ser obligatorias cuando no existiera competencia interna dentro de un espacio político.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en cambio, ya manifestó públicamente su respaldo a la eliminación de las primarias y mantuvo reuniones en la Casa Rosada con dirigentes encargados del armado político de La Libertad Avanza, entre ellos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
No obstante, otros gobernadores dialoguistas mantienen reparos. Algunos consideran que el esquema de listas múltiples podría terminar favoreciendo al peronismo y dudan de que el Senado reúna los votos necesarios para eliminar definitivamente las PASO. En ese contexto, varios legisladores creen que la alternativa con mayores posibilidades sigue siendo una nueva suspensión del mecanismo electoral.
El rol político de Santilli
En el oficialismo confían en que la llegada de Santilli permitirá recomponer el vínculo con las provincias y acelerar las negociaciones parlamentarias. Distintos gobernadores reconocen que durante la gestión de Manuel Adorni la relación política con la Jefatura de Gabinete fue escasa y esperan que el nuevo funcionario pueda ofrecer una interlocución más fluida.
El Gobierno aspira a cerrar los acuerdos durante las próximas semanas para enviar el proyecto al Congreso y comenzar su tratamiento en agosto. El éxito de esa estrategia dependerá no solo de la capacidad de negociación del nuevo jefe de Gabinete, sino también de las respuestas que la Nación pueda ofrecer a los reclamos de las provincias en materia de financiamiento, obras públicas y distribución de recursos.