El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la decisión de Nación que le pagará los fondos coparticipables con bonos TX31 para acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pero además, Horacio Rodríguez Larreta entiende que Alberto Fernández sigue sin cumplir con la sentencia y, por lo tanto, avanzará en las denuncias penales a los funcionarios nacionales que corresponda.
Luego del anuncio presidencial, el ejecutivo porteño resolvió presentar un escrito al máximo tribunal denunciando el incumplimiento y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se ejecute la transferencia de fondos.
Entienden que el pagar con bonos no implica acatar el fallo y sostuvieron que los fondos deben depositarse a diario. Si la Nación cumpliera con la sentencia, CABA debe recibir diariamente unos 1.100 millones de pesos, en lugar de los actuales 500 millones a través del Banco Nación.
“La Corte resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento“, señaló el gobierno de CABA, con la firma del Procurador del Tesoro porteño, Gabriel Astarloa.
En el punto número 2 del escrito enviado a los supremos, Rodríguez Larreta instruyó a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo.
Y concluyen: “Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan“.
Luego de la reunión con los gobernadores peronistas la semana pasada, donde se comunicó que no se iba a acatar el fallo, el presidente Alberto Fernández informó este lunes que daría marcha atrás y que pagaría con bonos TX31, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, puesto que la Corte sólo falló ante una cautelar presentada por CABA.
Pero de la misma forma, Fernández criticó la sentencia ya que consideró que “está viciada” y “afecta legítimos derechos de las provincias argentinas”, mientras que ordenó a Carlos Zannini, procurador del Tesoro, presentar un “recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial para que se revise la sentencia.
Con información de La Nación e Infobae.