En las vísperas del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional afina la estrategia legislativa para lograr la sanción del temario enviado al Congreso, con la reforma laboral como eje central. Tras varias semanas de idas y vueltas, integrantes de la mesa política designada por el presidente Javier Milei reconocen que existe disposición a introducir cambios en el proyecto, aunque evitan precisar qué artículos podrían modificarse para no entorpecer las negociaciones.
En Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios en ambas cámaras para aprobar el grueso del articulado, pero admiten que uno de los principales obstáculos es la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, una medida impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que impacta de lleno en la recaudación provincial. La resistencia de los gobernadores —incluso de aquellos considerados aliados— complejiza el escenario. “Santilli está buscando una salida, pero está difícil. Estamos hablando de bajar impuestos y ellos priorizan la recaudación del Estado”, deslizó una fuente oficialista.
La mesa política mantiene reuniones semanales para evaluar alternativas que permitan contener a las provincias sin resignar el espíritu de la reforma ni las modificaciones tributarias. Sin embargo, en el propio oficialismo reconocen que, si no se alcanza un acuerdo con los gobernadores, el rechazo a la baja del tributo podría poner en riesgo la sanción de la ley. “Necesitamos arreglar, si no, quedará afuera”, admitió otra voz involucrada en la negociación.
Aunque el discurso interno combina críticas a los mandatarios provinciales —acusados de “pedir sin ayudar a achicar el Estado”— con la desconfianza hacia las promesas del Ejecutivo, el Gobierno insiste en que los eventuales cambios serán menores. “La primera parte de la ley no se toca. Si hay modificaciones, no serán significativas”, afirmó un integrante del oficialismo, al tiempo que reconoció que durante el debate en el recinto, previsto para comenzar en el Senado el miércoles 11 de febrero, podrían introducirse ajustes.
Otro foco de tensión está en las disposiciones vinculadas a discapacidad, universidades públicas, coparticipación, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial, que formaban parte del capítulo XI excluido del Presupuesto 2026. Mientras el sector más duro del oficialismo pretende insistir con su tratamiento, los negociadores advierten que no hay votos suficientes y recomiendan evitar temas que generen conflictos innecesarios. “No sale. Hasta los aliados están en contra”, reconocieron.
De cara al período extraordinario, el Ejecutivo muestra una estructura de mando ordenada: Patricia Bullrich articula en el Senado, Martín Menem en Diputados y Diego Santilli mantiene el vínculo con los gobernadores bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con seguimiento de Karina Milei. Las definiciones económicas pasan por Caputo, quien participa activamente de las reuniones junto a Santiago Caputo e Ignacio Devitt. Con el calendario ajustado, el oficialismo también planea avanzar en Diputados con el tratamiento del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en un intento por capitalizar el impulso legislativo de febrero.