El día después de ratificar la necesidad de aprobar un Presupuesto 2026 sin déficit fiscal, el Gobierno nacional cedió y resolvió no insistir con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, y avanzó en una contrapropuesta que busca garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.
Si bien en un primer momento la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei había evaluado insistir con las derogaciones del famoso capítulo XI del Presupuesto 2026, donde el Gobierno sufrió un duro golpe, finalmente se optó por una estrategia distinta. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía elaboraron un esquema alternativo que mantiene vigentes ambas leyes, pero introduce modificaciones para evitar un impacto fiscal que ponga en riesgo el déficit cero.
En el caso de la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo propondrá que la pensión no contributiva represente el 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones de acuerdo con el régimen previsional vigente. Además, será compatible con un empleo formal siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. También se mantendrá la compensación de emergencia retroactiva, con ajustes vinculados a los aranceles y a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
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Otro de los cambios apunta a profundizar y acelerar las auditorías sobre las pensiones, con el objetivo de detectar y dar de baja beneficios otorgados de manera irregular. En esa línea, el Gobierno eliminará la creación de una nueva pensión no contributiva por discapacidad para protección social y sostendrá el régimen actual, para evitar una ampliación considerada excesiva del universo de beneficiarios.
Respecto al financiamiento universitario, el Ejecutivo no avanzará con la derogación de la ley, pero propondrá un aumento del 20% en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, en relación con los créditos asignados para 2025. En materia salarial, la actualización se haría de manera escalonada, con un incremento inicial del 5% desde diciembre de 2025 y subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026.
Con las derogaciones descartadas, el Gobierno volverá a impulsar los artículos restantes del capítulo vinculado a los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. En Balcarce 50 confían en que este giro permita destrabar negociaciones con gobernadores y bloques aliados y avanzar hacia la aprobación del Presupuesto 2026 antes de fin de año.