El Gobierno nacional recibió una petición por parte de un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos donde solicitaron, a través de Cancillería, que este jueves vote a favor de tratar en la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe sobre la persecución del gobierno chino a la minoría musulmana uigur.
El informe en cuestión fue firmado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, antes de finalizar su mandato como Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
Argentina enfrentará así este jueves la decisión de avalar el informe de Bachelet, respaldado por los Estados Unidos y rechazado por China. Otros caminos posibles son rechazarlo o abstenerse, una vía para no confrontar con el gigante asiático sin chocar de lleno con la Casa Blanca.
La carta dirigida al canciller Santiago Cafiero, fue enviaba por organizaciones como Amnistía Internacional y Humans Rights Watch, entre otras, e instaron al Gobierno “a apoyar una resolución durante el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que posibilite que el Consejo reciba y analice el reciente informe sobre la situación de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en China”.
Además, subrayaron que también “debería ser de agenda prioritaria” la moción por la renovación del mandato de la misión que investiga la situación de los derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro.
El 51° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos comenzó el 7 de septiembre y terminará el viernes.
La gestión de Alberto Fernández enfrentará dos temas espinosos: China y Venezuela. Puntualmente con el caso venezolano, el gobierno se mostró oscilante, con votos encontrados en distintos foros internacionales.
El texto que recibió Cafiero se envió a los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Argentina ostenta actualmente la titularidad de ese Consejo, con Federico Villegas Beltrán como presidente.
El informe de Bachelet “pone de manifiesto una campaña sistemática del gobierno chino dirigida contra miembros de la comunidad uigur y otras minorías predominantemente musulmanas por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de religión y expresión, y al disfrute de su propia cultura”. Y advirtió que esos hechos podrían constituir “crímenes contra la humanidad”.
Y detalla: “Aquellas personas a quienes se considera ‘en riesgo de extremismo’ son objeto de violaciones graves de derechos humanos por parte de las autoridades, como detenciones arbitrarias, torturas, tratamientos médicos involuntarios, trabajo forzado, separación familiar, injerencia en los derechos reproductivos, e intimidación, amenazas y represalias”.
A fines de agosto, Bachelet difundió su informe sobre la persecución china a los uigures y recibió una dura respuesta del gobierno de Xi Jinping. “El supuesto informe crítico que usted mencionó está planeado y fabricado de primera mano por Estados Unidos y algunas fuerzas occidentales, es totalmente ilegal e inválido”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin.