El kirchnerismo presentó un proyecto de resolución para crear una comisión especial para evaluar la conducta de los seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a represores en la cárcel de Ezeiza. En ese grupo estaba la legisladora por Mendoza, Lourdes Arrieta.

“Diputadas y diputados de La Libertad Avanza visitaron en la cárcel a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Bienvenido sea el repudio de las distintas fuerzas políticas, pero es necesario tomar medidas ejemplificadoras”, sentenciaron desde Unión por la Patria.

El episodio incomoda a los jefes libertarios, que ya sufren la presión de los bloques de dialoguistas para que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, imponga algún tipo de sanción disciplinaria a los protagonistas de aquella visita.

“Esa visita impacta sobre la investidura de todos los diputados y del cuerpo”, advirtieron los dialoguistas. Menem aseguró que la actitud de esos legisladores no representa ni a La Libertad Avanza como bloque ni al Gobierno. Sin embargo, por ahora no tiene previsto tomar medidas al respecto, confiaron en su entorno.

La posibilidad de sancionar a un diputado o a un senador en el ejercicio de sus funciones está contemplada en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece que “cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.

En esta línea, el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión
especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”.

Según argumentaron los legisladores peronistas en su proyecto, los comportamientos de los seis diputados que se reunieron con los detenidos por crímenes de lesa humanidad “son contrarios al respeto de los valores intrínsecos de nuestro ordenamiento jurídico y de la vida democrática”.

Así las cosas, la bancada que comanda el santafesino Germán Martínez reclama la conformación de una comisión especial que, en un plazo de 20 días, “determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande”.

Los diputados apuntados son Arrieta, Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (Capital Federal), Rocío Bonacci (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Buenos Aires) y Alida Ferreyra (Capital Federal)

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit, el organizador de la visita a los genocidas Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.

Los legisladores en cuestión aseguraron que habían avisado en el grupo de Whatsapp de LLA sobre la visita, y que esta se dio en el marco de una actividad para conocer la situación de todos los mayores de 70 años detenidos. Además, en una comunicación interna en la que justificó esa acción, Benedit agregó: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.