El presidente Javier Milei redobló su ofensiva para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y calificó a la legislación vigente desde 2012 como “una declaración de ignorancia”. En un extenso mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario afirmó que eliminar esa reforma representará “un gran paso” para terminar de manera definitiva con la inflación, al devolverle al organismo un único objetivo: preservar el valor de la moneda.
Las declaraciones llegaron luego de que el jefe de Estado anunciara que el Gobierno trabaja en un proyecto para modificar el funcionamiento del Banco Central. La iniciativa es elaborada junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En su publicación, titulada “Fin de la brutalidad monetaria”, Milei respondió a las críticas formuladas por la expresidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y por el extitular de la entidad Miguel Pesce. Ambos habían vinculado la reforma con exigencias del Fondo Monetario Internacional, una interpretación que el mandatario rechazó con duras descalificaciones hacia los exfuncionarios.
Las críticas a la reforma de 2012
El Presidente sostuvo que la modificación impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner incumplió principios básicos de la teoría económica al asignarle múltiples objetivos a la política monetaria. Para fundamentar esa postura apeló al principio de Tinbergen, según el cual cada objetivo de política económica requiere un instrumento independiente.
Bajo ese criterio, Milei cuestionó que el Banco Central tenga entre sus finalidades promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. A su entender, esa multiplicidad de funciones hizo técnicamente inviable la política monetaria y favoreció el uso de la emisión para financiar el gasto público.
En particular, apuntó contra el artículo 3° de la Carta Orgánica, incorporado mediante la Ley 26.739, al considerar que esa redacción permitió ampliar las facultades del organismo para asistir financieramente al Tesoro Nacional. “Si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible, preservar el valor de la moneda, será un gran paso en la dirección correcta”, sostuvo.
Qué cambios impulsa el Gobierno
El proyecto que prepara el oficialismo busca restablecer el esquema que rigió entre 1992 y 2012, cuando la misión principal del Banco Central era resguardar el valor de la moneda. En ese marco, el Ejecutivo pretende limitar de manera significativa los mecanismos mediante los cuales la autoridad monetaria puede financiar al Estado.
Entre las modificaciones en estudio figura restringir o eliminar los adelantos transitorios al Tesoro, las transferencias de utilidades contables y la compra de deuda pública cuando esas operaciones impliquen financiamiento monetario del déficit fiscal.
Los adelantos transitorios constituyen préstamos de corto plazo que el Banco Central puede otorgar al Tesoro dentro de los límites previstos por la legislación vigente. Las utilidades, por su parte, corresponden a ganancias contables que en distintos períodos fueron transferidas al Estado para cubrir necesidades financieras.
El vínculo con el FMI
La discusión también aparece reflejada en el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. En la segunda revisión del acuerdo, el organismo planteó que, una vez consolidada la estabilidad macroeconómica, Argentina debería avanzar en una reforma legal destinada a fortalecer la independencia del Banco Central, mejorar su gobernanza y reforzar las restricciones al financiamiento monetario del déficit.
En términos prácticos, la propuesta oficial busca diferenciar con mayor claridad las funciones del Banco Central. La preservación del valor de la moneda, la estabilidad financiera y la regulación del sistema bancario quedarían delimitadas como objetivos distintos, evitando que esas atribuciones vuelvan a utilizarse para asistir al Tesoro mediante emisión monetaria. Para el Gobierno, esa modificación institucional constituye una condición indispensable para consolidar el proceso de desinflación iniciado durante la actual gestión.