El 2025 empezó con la motosierra encendida para el Gobierno nacional sobre el Estado. En primer lugar se prohibieron las contrataciones en la administración pública y este martes se conocieron dos nuevas medidas: en primer lugar se recortará el 80% del sueldo de los directivos de ARCA y también se establecieron nuevos lineamientos vinculados a la negociación salarial.
En este caso, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de los lineamientos establecidos en febrero de 2024 para la negociación de los sueldos con algunos objetivos que el Gobierno busca cumplir para reducir el gasto público.
Entre los principales puntos aparecen las retribuciones del personal, que deben ajustarse mediante negociaciones colectivas que respeten el marco normativo e incluyan los actores pertinentes y se ajusten a las previsiones presupuestarias vigentes.
A su vez, las actualizaciones salariales en organismos, empresas y fondos fiduciarios del Estado deben basarse en negociaciones previstas en la Ley 24185.
El Gobierno prevé una restricción presupuestaria en la que los convenios deben negociarse dentro de los presupuestos disponibles, promoviendo equidad salarial. También destaca la responsabilidad de las autoridades y el rol de la Comisión Técnica Asesora para gestionar modificaciones salariales.
Actualmente, el Gobierno no ha logrado acuerdos en las negociaciones paritarias con los estatales y es por eso que a fines de 2024 convocó a los gremios para discutir los aumentos del 2025, aunque no hubo consenso.
ATE acusó al Gobierno de retrasar los incrementos salariales para continuar con el ajuste fiscal. Y a su vez, sostienen que hay incertidumbre en el sector público por los contratos vencidos de casi 60.000 estatales sumado a los 35.000 que fueron echados durante el 2024.