El proyecto de ley que propone crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” con dinero fugado al exterior, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos, comenzó a ser debatido este miércoles en un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores.

La discusión empezó con la ponencia de especialistas que representan al Banco de la Nación Argentina, así como licenciados y doctores en Economía.

En ese marco, Martín Lousteau acorraló a Guillermo Wierzba, director del Banco Nación invitado por los senadores del Frente de Todos para defender el proyecto, quien terminó reconociendo que llevar depósitos provinciales fuera del país – como realizara Néstor Kirchner con los fondos de regalías petroleras cuando era gobernador de Santa Cruz – constituye una “fuga” de capitales.

En su intervención, el ex ministro de Economía le pidió a Wierzba que defina el concepto “fuga de capitales”.

“Si uno entiende que los recursos radicados en Argentina deben ser dedicados al desarrollo nacional, la radicación de activos externos constituye un problema en los países periféricos”, respondió Wierzba.

“¿Si alguien tiene un depósito y lo saca al exterior es fuga?”, insistió Lousteau, a lo que el experto invitado contestó que sí.

“Entonces ¿si alguien, una persona o una provincia, tiene un depósito en el país y lo radica en un banco del exterior, es fuga?”, volvió a preguntar el senador radical, quien bautizó al proyecto impulsado por Cristina Kirchner como “la ley Daniel Muñoz”, en referencia al fallecido exsecretario privado presidencial investigado por la compra millonaria de propiedades en Miami y Nueva York con fondos que se presumen provenientes de la corrupción.

Wierzba dijo que era “una definición semántica”, aunque terminó reconociendo que se trata de una fuga.

“¿Si alguien tiene un depósito y lo saca y lo mete en una caja de seguridad, es fuga, técnicamente es fuga?”, preguntó una vez más Lousteau en clara alusión a los 4 millones de dólares que se encontraron en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, a lo que el invitado por la bancada del Frente de Todos volvió a sostener que sí.

Sobre la definición técnica de fuga de capitales o formación de activos externos | Martín Lousteau #LeyDanielMuñoz pic.twitter.com/ep3DHQPHsh

— Evolución Radical Entre Ríos (@EvolucionRios) April 6, 2022

El proyecto

Sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las dos CTA y de gremios agrupados en el Frente y la Corriente Sindical se comprometieron a “militar” para ampliar el apoyo al proyecto de ley del oficialismo.

Se trata de dos expedientes: uno crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el otro modifica la Ley 21526 de Entidades Financieras, respecto de actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.

Sostiene que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

La iniciativa establece que el aporte del blanqueo “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.

Los alcanzados por esta iniciativa deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

El proyecto indica que “en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%”, y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte “corren el riesgo de tener una pena en prisión”, tal como lo estipula la ley vigente.

Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del “colaborador”, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.

Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.

Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

La iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.