El extitular del PAMI, Luciano Di Cesare, acordó con la Justicia la devolución de 88.131.531,86 pesos tras acordar dicho monto en una conciliación. El ex gerente de la obra social fue acusado de cobrar unas vacaciones no gozadas de 1.300.000 de pesos, previo a dejar su cargo en diciembre de 2015.

Di Césare estuvo a cargo del organismo nacional durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández Kirchner y fue denunciado durante la gestión de Mauricio Macri porque cobró las vacaciones no gozadas de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Previo a la asunción de Macri, el área de Recursos Humanos del PAMI autorizó la liquidación de las vacaciones a Di Cesare por 1.300.826,77 de pesos. Pero con el cambio de gobierno el nuevo titular de la obra social, Carlos Regazzoni, denunció a Di Césare por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Regazzoni planteó a la Justicia que por la ley de contratos de trabajo las vacaciones no gozadas caducan a los seis meses y que está prohibida la compensación por plata. La causa quedó bajo el juzgado federal de Ariel Lijo, quien procesó tanto a Di Cesare como a otros exfuncionarios del  PAMI durante la última gestión kirchnerista.

En 2018, el mendocino -nació en Tunuyán- fue juzgado por un presunto fraude al PAMI por haber destinado fondos del organismo a Letras del Tesoro Nacional, pero fue absuelto.  En 2022, Durante el Gobierno de Alberto Fernández, sonó como un posible reemplazante de Luana Volnovich, pero finalmente no se produjo el recambio.

Ya con la era Milei en Casa Rosada, la causa llegó al Tribunal Oral Federal 7 que fijó la fecha de inicio de juicio para el 15 de febrero de este año. En esta instancia, tanto la Justicia como la representación legal de Di Cesare mantuvieron una serie de reuniones con el fin de llegar a un acuerdo en lo económico.

Mediante el Tribunal Oral, las partes presentaron un acuerdo de conciliación en el que Di Cesare se comprometió a pagar al PAMI 88.131.531,86 de pesos como reparación. A cambio, se cerraba la causa penal y los acusados evitan el juicio oral. 

Desde el Ejecutivo nacional expresaron que ese monto lo destinará a  prestaciones sociales y médicas a jubilados, pensionados y discapacitados.