La Cámara de Diputados retoma sus sesiones y desde el Gobierno de Javier Milei buscará poner en agenda dos proyectos claves de Seguridad. Estos son la Ley Antimafia y la implementación del Régimen Penal Juvenil de 16 a 13 años. Por eso, durante esta semana, el oficialismo buscará el apoyo de la oposición, principalmente del sector dialoguista.

Estas propuestas fueron presentadas por la ministra de Seguridad, Patricias Bullrich y de los ministros Luis Petri (Defensa) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

El debate comenzará con la Ley Antimafia en las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, presidida por dos diputados nacionales del PRO,  Laura Rodríguez Machado (Córdoba) y José Núñez (Santa Fe). Desde La Libertada Avanza analizan que para esta  propuesta cuentan con los votos necesarios para lograr media sanción.

La Ley Antimafia propone una reforma profunda del Código Penal para penalizar a todos los miembros de la banda delictiva, ya que hasta ahora se imponían las escalas de acuerdo a la participación que tuvo cada miembro en ese delito.

También establece la aplicación de la misma pena a todos los miembros de la asociación ilícita que participen en delitos vinculados tráfico de drogas, lavado de activos, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos e intimidación pública, con condenas que oscilan de 8 a 20 años.

Por otro lado, el oficialismo es consiente que el debate del proyecto de la baja de imputabilidad de 16 a 13 años no será fácil. En este punto, hay sector de la oposición dialoguista se ha declarado estar en contra de esta iniciativa y que solo podría dar su apoyo si se realizan una serie de modificaciones. El tratamiento se abrirá en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

La intención del Ejecutivo es crear un régimen penal juvenil para adolescentes de 13 a 18 años que “fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

A su vez, el documento señala que no estará admitida “la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.