El Gobierno de Mendoza formalizó la transferencia de $2.000 millones hacia el Fondo para la Transformación y el Crecimiento con el objetivo de sostener la actividad vitivinícola durante la temporada 2026. La novedad, conocida a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, se conoce en medio de la incertidumbre sobre este organismo que otorga créditos a la producción.
Esta medida surge como respuesta directa a un escenario económico complejo donde el sector enfrenta un profundo reacomodamiento productivo derivado del ajuste en las tasas de interés y una marcada desaceleración en los niveles de consumo de vino a nivel local y nacional.
La normativa establece que los recursos deben utilizarse exclusivamente para fortalecer las líneas de crédito destinadas a las etapas críticas de cosecha, acarreo y elaboración de productos. El Estado provincial justifica esta intervención excepcional ante la necesidad de acompañar a los sectores estratégicos que hoy ven dificultado su acceso al crédito tradicional por los cambios en las políticas de stocks y las modificaciones en las cadenas de valor.
El decreto aclara que este aporte no busca reemplazar al sistema financiero privado, sino actuar como un soporte transitorio para garantizar que la uva ingrese a las bodegas sin contratiempos logísticos. Los fondos provienen de partidas presupuestarias del ejercicio vigente y ya fueron habilitados para que la Tesorería General de la Provincia realice la transferencia inmediata a la cuenta del organismo de crédito.
Las autoridades de los Ministerios de Producción y Hacienda confirmaron que la asistencia podría ampliarse en el corto plazo si la demanda de los productores supera el monto inicialmente asignado.
El texto oficial prevé la posibilidad de realizar un nuevo aporte de idénticas características si las condiciones financieras del sector vitivinícola requieren una inyección de capital adicional para finalizar la campaña actual.
Dudas con el Fondo de la Transformación
El Gobierno de Mendoza prepara un proyecto de ley para reestructurar el Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), lo que en la práctica implicaría el cese de sus funciones actuales tras más de 30 años de actividad.
La gestión de Alfredo Cornejo argumenta que la medida busca eliminar estructuras burocráticas y ganar eficiencia en el uso de los recursos públicos, en un contexto marcado por la caída de la recaudación y de los fondos por coparticipación federal.
ha generado una fuerte incertidumbre tanto en el sector productivo como entre los empleados del organismo, quienes ya han sido advertidos sobre el cierre y posibles indemnizaciones o reubicaciones.