La derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes “favorece el crimen organizado”, expresan desde la oposición. 

Dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a criticar la medida de dar marcha atrás con la política migratoria que impuso la gestión de Mauricio Macri en 2017.

Mediante un DNU, Alberto Fernández derogó la medida que desde hacía más de tres años impedía el ingreso de personas extranjeras que tuvieran antecedentes penales.

Patricia Bullrich, eligió las redes sociales para expresar su repudio a la medida. Su mensaje en Twitter fue contundente: “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”

El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron. pic.twitter.com/HlgWGfYiHD

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2021

Rogelio Frigerio, exministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, fue otro de los referentes que salió con los tapones de punta en la red del pajarito y armó un hilo con sus opiniones al respecto: “El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”. En otro tuit agregó: “El decreto 70/2017 aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo plazos y eliminando instancias, respetando todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)”.

Y finalizó diciendo que “En consecuencia, aumentaron significativamente las cifras de expulsiones. Por medidas como esta, bajaron durante los cuatro años de nuestro gobierno todos los índices delictuales. Argentina, por tradición, siempre fue un país abierto a la inmigración. En nuestra gestión radicamos casi 800 mil extranjeros. Lo único que genera el gobierno derogando este decreto es abrirle las puertas al crimen organizado”.

El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos https://t.co/jPUYoILAjR

— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 5, 2021

Por su parte, Diego Santilli, vicejefe del Gobierno porteño agregó: “Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina”.

Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina.

— Diego Santilli (@diegosantilli) March 5, 2021

Mendoza no fue ajena a la crítica. Y sumó la voz del Diputado Nacional, Luis Petri: “Este Gobierno dice que lucha contra la delincuencia. Abrirle las puertas a extranjeros con antecedentes penales no fomenta la patria grande sino la inseguridad”

Además, aseguró que “no hay país en el mundo que permita el ingreso a su territorio de extranjeros con antecedentes penales que intenten eludir a la justicia de sus países de origen, es gravísimo y demuestra que la política de seguridad de este Gobierno abandona a la sociedad y a las víctimas. La liberación de presos, la justificación de usurpaciones, la puesta en vigencia de artículos que benefician a corruptos, narcos y condenados por trata de personas y ahora la apertura indiscriminada de fronteras permitiendo el ingreso de delincuentes. Una verdadera política de inseguridad”.

Consiguiente con esta idea, Petri ya planea junto con Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, presentar un proyecto para restablecer “el contenido del decreto derogado por el Gobierno, que prohíba el ingreso y permanencia de extranjeros que delinquen. El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos.”

Así, el diputado mendocino afirmó que: “Derogar el Decreto 70/17 pone un freno a los procesos de expulsión de los extranjeros que delinquen, garantizándoles su permanencia en el país, delinquiendo. Entre 2016 y 2019 hubo 3 mil expulsiones de personas con causas penales en sus países de origen o en el país”.

Otro de los diputados de Juntos por el Cambio que manifestó en las redes sociales su intenso malestar por la derogación de la medida que impedía el ingreso al país de personas con antecedentes penales fue Cristian Ritondo.

Al respecto dijo: “Derogar un decreto que beneficiaba a la seguridad nacional es atentar directamente contra los ciudadanos. El Presidente da vía libre a la importación de delincuentes mientras miles de familias sufren las consecuencias del narcotráfico y de la inseguridad”.

En enero de 2017 Macri y su gabinete firmaron el decreto que modificaba la Ley de Migraciones. Amparándose en la en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario.

La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.