Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del próximo miércoles 30 de septiembre, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue anunciada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que estableció un plazo hasta el martes 29 para que el Gobierno de Javier Milei otorgue el aumento del 33,4% contemplado en la normativa.

La decisión fue adoptada durante un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que buscará coordinar las acciones con CONADU Histórica. El plan de lucha también contempla distintas actividades para visibilizar el conflicto durante las próximas semanas y culminará con la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

El principal reclamo de los gremios está vinculado con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Según las estimaciones sindicales y universitarias, los ingresos docentes necesitan una recomposición del 31,2%. Sin embargo, las organizaciones exigen el incremento del 33,4% previsto en la Ley de Financiamiento Universitario. La última propuesta oficial consistió en un aumento del 3%, que fue rechazado durante la negociación paritaria.

La Justicia le dio cinco días al Gobierno para cumplir con la ley

El conflicto salarial se desarrolla en paralelo a una nueva resolución judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir íntegramente con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la actualización de los salarios docentes y no docentes y de los programas de becas estudiantiles.

El magistrado estableció un plazo de cinco días y advirtió que podría imponer multas diarias si el Ejecutivo no cumple. La cautelar original fue dictada en diciembre de 2025 y posteriormente quedó firme.

La Casa Rosada anunció que apelará la nueva intimación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió con la medida cautelar y que presentó la documentación correspondiente ante la Justicia. Sin embargo, la apelación de esta última resolución no modifica por sí misma la vigencia de la cautelar original.

Una ley aprobada por el Congreso que sigue en disputa

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2025 y posteriormente vetada por Javier Milei. El Congreso rechazó el veto presidencial mediante las mayorías exigidas por la Constitución. El Senado completó ese procedimiento el 2 de octubre de 2025, con 58 votos afirmativos y siete negativos.

Aunque el Gobierno promulgó la norma, suspendió su aplicación con el argumento de que no se habían especificado las fuentes de financiamiento necesarias. Esa decisión motivó una presentación judicial de las universidades nacionales, que derivó en la medida cautelar vigente.

Con este escenario, los gremios mantienen la convocatoria al paro del 30 de septiembre y preparan la movilización del 15 de octubre. La concreción de la huelga dependerá de la respuesta salarial que el Gobierno otorgue antes del martes 29.