El oficialismo acelerará en Diputados el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía enviado por el Gobierno de Javier Milei después de su cadena nacional por Malvinas. La iniciativa comenzará a discutirse el próximo miércoles en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con la participación de funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia.

El cronograma que maneja La Libertad Avanza contempla una segunda jornada de debate el 6 de octubre, con el objetivo de avanzar ese mismo día con el dictamen. Si se cumplen los plazos previstos por el oficialismo, el proyecto podría llegar al recinto el 7 de octubre, en una sesión en la que también buscarían tratar las iniciativas sobre Discapacidad y Endeudamiento.

El proyecto fue girado a las tres comisiones presididas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. La estrategia oficial consiste en que los funcionarios del Poder Ejecutivo expliquen los alcances de la iniciativa y defiendan los cambios propuestos ante los legisladores antes de avanzar hacia el dictamen.

Las críticas al régimen penal

Uno de los puntos que ya genera cuestionamientos es el artículo 111, que modifica el Código Penal y establece penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes, actuando por cuenta o con financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.

El diputado radical Pablo Juliano cuestionó esa incorporación y sostuvo que podría convertirse en una herramienta para perseguir penalmente a quienes sean acusados de intentar desestabilizar al Gobierno. “Esto es muy peligroso”, afirmó el legislador al referirse al alcance de la propuesta.

Desde otros sectores de la oposición también cuestionaron los artículos vinculados con las atribuciones del Poder Ejecutivo. En el MID advirtieron que la creación de procedimientos para responder a determinadas amenazas no debería implicar una transferencia de facultades que la Constitución reserva al Congreso. Desde Unión por la Patria, Eduardo Valdés sostuvo que el proyecto tiene un enfoque más vinculado con la “represión interna” que con el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Qué cambia con el proyecto de Defensa de la Soberanía

Uno de los principales cambios consiste en la derogación de la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. El proyecto plantea un régimen más amplio, que no se limita a la actividad hidrocarburífera.

La nueva normativa alcanzaría a cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables realizada sin autorización argentina. Ese alcance podría incluir actividades como la pesca, además de otras explotaciones económicas desarrolladas en áreas bajo jurisdicción argentina.

El texto también amplía las prohibiciones para las personas y empresas que faciliten o participen de actividades no autorizadas. Incluso contempla determinadas reorganizaciones societarias cuando tengan como objetivo eludir las sanciones previstas por la legislación.

El régimen contempla multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales. Además, establece un mecanismo para que quienes actualmente desarrollen actividades consideradas prohibidas puedan regularizar su situación mediante el pago de una suma de dinero o la reconversión de sus inversiones. La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo.

Un nuevo sistema de seguridad nacional

Otro de los ejes centrales es la creación de un nuevo sistema de seguridad nacional, que tendrá como órgano de coordinación un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de diferentes áreas del Estado.

La iniciativa amplía el concepto de seguridad nacional para incorporar cuestiones relacionadas con soberanía, economía, relaciones exteriores, inteligencia, infraestructura y ciberespacio, entre otros aspectos.

El oficialismo busca ahora avanzar con el tratamiento en comisión durante las próximas semanas y llegar al recinto en octubre. La discusión parlamentaria estará atravesada por el alcance de las nuevas sanciones, el régimen penal incorporado al proyecto y las atr