La guerra política por el Consejo de la Magistratura tuvo otro capítulo en este lunes, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró nulo todo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, y lo denunció por mal desempeño en sus funciones. El magistrado había aceptado una cautelar de un diputado kirchnerista y había ordenado a las autoridades de cámara del Congreso que se abstuvieran de designar a sus representantes para el organismo.

En su fallo, la Corte dijo que el magistrado actuó “con una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes de este Tribunal”.

Alonso había aceptado un recurso presentado por Marcelo Casaretto -Frente de Todos-, como parte de la pulseada entre oficialismo y oposición para definir quiénes serán los representantes del Congreso en el Consejo. Posteriormente, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se había presentado en la Corte y le había pedido que anulara todo lo actuado.

Para el máximo tribunal, Alonso “se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”, de acuerdo con el fallo que lleva la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Por esto, le ordenó que archive el amparo impulsado por Casaretto, pero además lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones. 

En su resolución, los ministros apelan a duros términos para calificar la intervención de Alonso. 

“Esta Corte advierte que el magistrado a cargo del Juzgado Federal n° 2 de Paraná actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal”, señala el fallo.

De hecho, entienden en sus argumentos que el accionar del magistrado federal de Paraná se alzó contra la Corte. “Este alzamiento contra el Máximo Tribunal del país conlleva un grave desconocimiento de la superior autoridad de la que esta Corte está institucionalmente investida y, necesariamente, implica un acto que en sí mismo atenta contra una de las piedras basales del orden establecido por la Constitución Nacional”, postularon.

Por ello, ahora el Congreso no tendría trabas legales para designar a sus enviados al Consejo dela Magistratura. Lo único es que todavía queda la pulseada política, puesto que la oposición pretende que se designe al senador Luis Juez y a la diputada Roxana Reyes. El Frente de Todos rechaza estos nombres.

Con el Consejo de la Magistratura bajo control de la corte, por la presidencia de Rosatti, queda ahora conformado por 20 representantes. Sólo falta la designación de los representantes del Poder Legislativo.ue