El tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad y ratificó que el juicio en ausencia es compatible con la Constitución y los tratados internacionales. La decisión abre la puerta a un debate oral y público contra los acusados por el ataque que dejó 85 muertos en la sede de la AMIA.
Un fallo histórico tras tres décadas de impunidad
La Cámara Federal destacó que la investigación por el atentado a la AMIA estuvo marcada por irregularidades y obstáculos que impidieron sancionar a los responsables. Pese a las alertas rojas de Interpol, los ex funcionarios iraníes acusados nunca se presentaron ante la Justicia argentina.
La validez del juicio en ausencia
La defensa oficial había cuestionado la constitucionalidad de la Ley 27.784, sancionada en 2024, al considerarla una norma ad hoc. Sin embargo, los jueces remarcaron que la ley es de carácter general, se aplica a delitos de extrema gravedad —como terrorismo y crímenes de lesa humanidad— y garantiza la defensa mediante la designación de abogados oficiales.
El derecho a la verdad
El fallo subrayó que el objetivo central es evitar la impunidad y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por las falencias en la investigación y señaló que cada día de demora profundiza el dolor y la desconfianza.
Qué sigue en la causa AMIA
Con la confirmación del juicio en ausencia, la Justicia podrá avanzar hacia la instancia oral y pública. Será la primera vez que se utilice este mecanismo en la Argentina, y podría marcar un precedente para delitos de máxima gravedad. Para los jueces, se trata de la herramienta que finalmente puede “colocar en el centro de la escena a los culpables del atentado más grave de la historia argentina”.
El atentado más sangriento de la historia argentina
El 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el centro de Buenos Aires. La detonación destruyó el edificio y provocó la muerte de 85 personas, además de dejar más de 150 heridos. Se trató del mayor atentado terrorista contra la comunidad judía fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial y marcó un antes y un después en la historia argentina.
Las víctimas fueron en su mayoría trabajadores, vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar al momento del ataque. El impacto no solo golpeó a las familias de los fallecidos y heridos, sino que dejó una herida profunda en la sociedad argentina, que desde entonces reclama justicia y verdad frente a décadas de impunidad y dilaciones judiciales.
La Justicia argentina determinó que la decisión de atacar la AMIA fue tomada por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán, quienes planificaron el atentado y encomendaron su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah. Pese a las órdenes de captura y las alertas rojas de Interpol, los acusados nunca se presentaron ante los tribunales nacionales, lo que mantuvo la causa paralizada durante tres décadas.
