La Justicia electoral investiga la presunta utilización de firmas truchas para inflar la cantidad de adhesiones y afiliados que sostienen la precandidatura presidencial del libertario Javier Milei.
Las sospechas se basan sobre miles de presuntos seguidores del legislador destinados a obtener el reconocimiento de los diversos partidos que pretenden tenerlo encabezando sus boletas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, informó La Nación.
Las investigaciones están en manos de María Servini y Alejo Ramos Padilla, los jueces federales con competencia electoral en esos distritos. Las denuncias las realizó Silvana Beatriz Prino, quien había colaborado con el Partido Libertario en la certificación de la autenticidad de las firmas volcadas en las fichas de adhesión.
La denunciante decidió abrirse tras detectar que habrían utilizado su nombre para inflar los números y obtener el reconocimiento distrital. Colaboradores de Milei habrían recurrido a la presunta falsificación sistemática de firmas, sin fecha cierta, o, incluso, de personas fallecidas.
Prino acusó a seis apoderados de conformar una supuesta asociación ilícita con fines electorales: Nicolás Mario Emma, presidente del Partido Libertario porteño y muy cercano a Milei; Bruno Leandro Galleni, Alejandro Antonio Calandra Bogaz, Sergio Miguel Palahy, Lucas Gabriel Gazzotti y Juan Facundo Dominoni.
Al respecto, el vicepresidente del Partido Libertario bonaerense, Sergio Palahy, afirmó: “En estos ya 6 años desde la formación del Partido Libertario, se llevaron a cabo muchas internas con distintos resultados. Lamentamos que aquellos disconformes por haber perdido alguna de dichas internas, no solo hayan abandonado el espacio, sino que realicen denuncias infundadas por las cuales deberán responder ante la Justicia, a la que le confiamos la resolución de estas acusaciones con plena confianza en nuestra transparencia a la hora de realizar la ardua tarea de afiliar personas”.
En el expediente que Ramos Padilla instruye en La Plata junto a la fiscal federal Laura Roteta, un primer análisis detectó que algunas adhesiones incluían a menores de edad, extranjeros, domiciliados en otros distritos o inhabilitados, entre otras falencias.
En los tribunales federales de Comodoro Py, expediente en manos de la jueza Servini y el fiscal Ramiro González, convocaron a Daniel Alejandro Paco, otro responsable de certificar las firmas de adhesión a la candidatura de Milei.
“Esta irregularidad fue aparentemente conocida por la cúpula del Partido Libertario”, afirmó Prino, que aportó como prueba junto a su abogada, Mariela Pérez Cesaratto, “copia de los protocolos notariales aludidos” y requirió peritajes caligráficos para determinar la eventual “falsificación de firmas”.
Para Milei y sus colaboradores, la recolección de firmas en apoyo a su candidatura resultó un factor fundamental para formalizar su candidatura a la Presidencia. “La Libertad Avanza” es una marca pública que no cumple, hasta ahora, con los requisitos que impone la ley para servir de estructura para una postulación presidencial.
Por eso la necesidad de buscar alianzas. En 2022 cerró un acuerdo con el Partido Demócrata, con personería jurídica nacional desde 2019.
La letrada de Prino denunció en el Juzgado de Servini que su clienta y ella recibieron amenazas. Desde llamadas a mensajes por las redes sociales y la supuesta aparición de una bala en la puerta del estudio de Pérez Cesaratto, en Córdoba, por lo que se extrajeron testimonios que se remitieron a esa provincia.
Fuente: Con información de La Nación.