Javier Milei.

El Gobierno dispuso este miércoles la modificación de la ley de Identidad de Género y prohibió los tratamientos de hormonización y adaptación en menores de 18 años.

Así lo anunció el vocero presidencia, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Estas intervenciones a las que se exponen a los niños es un grave riesgo a su salud, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración“, calificó el vocero.

Y argumentó que “en muchas casos, estos tratamientos sin cirugía, son irreversibles“.

El Gobierno señaló que países pioneros como Estados Unidos, Reino Unido y Finlandia, “están dando marcha atrás” con estas medicaciones porque son procesos que tienen “devastadoras consecuencias a largo plazo“.

La Casa Rosada señaló que la medida tiene como fin “afectar el interés general del niño“, así como “proteger la integridad física y mental de los menores“.

La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil. Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental“, sostuvo la Oficina del Presidente.

La otra decisión que afecta a los presos

Previo a esto, Adorni informó otra medida apuntada a los presos que solicitan cambio de pabellón en los centros penitenciarios debido a que modificaron su identidad de género.

En este punto, sostuvo que “ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres“.

En su mensaje, Adorni recordó un caso en Córdoba donde un hombre “dijo autopercibirse mujer y pidió un traslado a una cárcel de mujeres, donde luego abusó de otras internas“.

El sistema actual es una herramienta para que puedan volver a cometer delitos aquellos cuyas víctimas también son mujeres“, lamentó el funcionario.

La prohibición es para aquellos internos condenados por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres. Incluso, aunque la evaluación de las autoridades penitenciarias lo determine.