Tras lograr dictamen en las primeras horas de la madrugada del pasado miércoles, el Gobierno de Javier Milei decidió pasar el debate de la ley ómnibus para el próximo martes en Diputados. La intención del oficialismo nacional es tener unos días más para negociar con la oposición para tratar algunos de los puntos centrales del proyecto.

El dictamen que consiguió La Libertad Avanza fue gracias a 55 firmas de legisladores de la UCR, PRO, Hacemos Colación Federal y de un diputado de Unión por la Patria. El debate en el plenario no fue para nada tranquilo ya que la bancada de la Unión Cívica Radical se partió en dos ya que una mitad apoyó la moción del oficialismo nacional y la otra no acompañó ninguna iniciativa parlamentaria.

Situación parecida ocurrió en el interbloque de Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, ya que la Coalición Cívica, el socialismo de Santa Fe y Margarita Stolbizer presentaron un dictamen por la minoría, al igual que el peronismo que presentó una propia.

Los cinco puntos de la discordia

Desde que Javier Milei presentó la ley ómnibus, la oposición le dejó en claro al presidente su postura en contra de algunos puntos del proyecto. Entre ellos se encuentra las retenciones a las economías regionales. En una muestra de “buena fe”, el Ejecutivo planteó el aumento de retenciones al 15% pero dejaba firme la suba del 15% a las exportaciones industriales y el incremento de la alícuota para los derivados de soja, el trigo y el maíz.

La propuesta del Gobierno fue bien recibida por algunos dirigentes de la oposición dialoguista pero expresaron que no haya ningún aumento de retenciones y pidieron que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo acepte a modo de compensación que lo recaudado no ingresarán en las arcas públicas, poniendo el foco en otros gastos tributarios.

En consonancia, desde la Coalición Cívica propusieron la eliminación del ‘crédito fiscal presunto’ de IVA que constituye un mecanismo, que permite a las empresas de Tierra del Fuego cobrar el IVA a sus clientes (consumidores o retailers) y no ingresarlo al Estado, sino capitalizarlo como ganancia.

Otro punto de conflicto es el cambio en la fórmula previsional para jubilados y pensionados. El Ejecutivo prometió no avanzar con su idea original de dar aumentos por decreto a discreción por ajustar los haberes con base en el Índice de Precios al Consumidor, pero a partir de marzo, es decir, con la inflación de febrero.

Ante esta propuesta, algunos sectores de la oposición no la vieron con malos ojos pero consideran que el Ejecutivo debe considerar la inflación proyectada para el mes de enero, que podría rondar el 20%, y para eso exigen alguna compensación extra para que el “empalme” no perjudique a los jubilados, o directamente empezar a actualizar por IPC desde enero.

El pasado miércoles se produjo un cruce en redes sociales entre el responsable de la cartera económica del país y el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo en el que le adelantó al funcionario que desde la bancada radical no votarán estos dos capítulos si no se hacen nuevos cambios.

 “Si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley”, afirmó De Loredo.

La privatización de empresas estatales es otro artículo que todavía Javier Milei no logra conseguir el consenso necesario. El único acuerdo que logró LLA con la oposición fue sacar a YPF del listado de compañías a privatizar. Por el lado del radicalismo quieren que la venta de cada ente se trate por separado, mientas que desde el bloque encabezado por Pichetto buscan que la ARSAT, Nucleoeléctrica, Banco Nación e YMAD continúen bajo dominio estatal.

La liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, en un principio, los gobernadores propusieron que antes de traspasarlo al Tesoro Nacional se podrían destinar a las arcas provinciales para que las mismas puedan pagar los juicios jubilatorios, que rondan los 300 mil millones de pesos.

Por último, el punto que más resistencia genera en la oposición son las facultades delegadas que exige Milei por el lapso de un año, con la posibilidad de extenderlo por otro más. La Coalición Cívica propone eliminar por completo ese artículo, mientras que la UCR quiere restringir la cantidad de áreas en las que se declara la emergencia y acotar el margen de acción del Poder Ejecutivo.

La postura de la oposición en estos puntos pone al oficialismo entre la espada y la pared respecto al cumplimiento de su principal objetivo, que es alcanzar el déficit cero para el 2024. Desde el entorno del presidente consideran