El Gobierno nacional dispuso el cierre de las delegaciones en las provincias del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que se encuentra intervenido desde enero, profundizará el esquema de despidos en este organismo y avanzará con otra iniciativa que desregulará el mercado de las telecomunicaciones en Argentina, a partir de un nuevo decreto presidencial de Javier Milei.

La intervención, que fue decretada en enero y por 180 días del organismo, implica dos fuertes medidas.

Por un lado, avanzarán con los recortes, por lo que a nivel nacional ya se habla de 300 despidos que se oficializaron este jueves a través de telegramas. Actualmente, la planta del personal llega a casi 2 mil empleados, por lo que la idea del Ejecutivo es reducir el 20%. Auguran unos 500 despidos para el organismo.

La otra medida, que se conoció por una nueva resolución de la Jefatura de Gabinete de Nicolás Posse, consistirá en cerrar todas las delegaciones en el interior del país a partir de abril, entre ellas, la de Mendoza, que estaba a cargo del peronista Guillermo Elizalde, al término de la gestión de Alberto Fernández, en diciembre.

En este caso, se trata de un periodo de transición de 60 días para “atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales“.

También se dispuso que “una dotación mínima” de agentes “garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones provinciales“.

Nuevo decreto

Por otro lado, la Casa Rosada ya prepara una norma para que firme Javier Milei que dará marcha atrás al decreto de Alberto Fernández sobre la regulación de las tarifas de las telecomunicaciones.

Se trata del decreto 690/20 que el entonces gobierno kirchnerista utilizó para declarar como servicios públicos a la internet, telefonía (fija y móvil) y televisión por cable. Aquella norma, en plena pandemia, congeló precios y ubicó al Estado nacional como regulador de las tarifas y, por ende, de los aumentos.

Ahora, esa norma será revertida por un nuevo decreto, donde estos servicios dejarán de ser considerados públicos y el Estado no regulará sus precios en función de la libre competencia.

Es un proyecto de derogación, aquel decreto de Fernández estableció “una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida a fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados, como se venía desarrollando“.

Con información de Infobae.