El Gobierno de Javier Milei, centrado en reducir el gasto estatal, enfrenta un desafío significativo con el financiamiento de las empresas públicas. En los primeros nueve meses del año, estos demandaron casi $3 billones en transferencias del Tesoro Nacional, según el último informe de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), dependiente del Ministerio de Economía.
De acuerdo con el informe, las transferencias corrientes destinadas al funcionamiento de 20 de las 33 empresas estatales no financieras alcanzaron $2,8 billones entre enero y septiembre.
Esta cifra representa un aumento del 155% en comparación con el mismo período de 2023, cuando se desembolsaron $1 billón. No obstante, el incremento estuvo por debajo de la inflación anual, que se ubicó en el 209% durante el mismo lapso.
El análisis detalla que 17 de las 32 empresas estatales incluidas en el reporte registraron déficits económicos acumulados que totalizaron $350.456 millones al cierre del tercer trimestre.
Este resultado surge al restablecer los gastos corrientes de los ingresos operativos, incluyendo las transferencias que reciben del Tesoro para cubrir necesidades no cubiertas por su facturación. Por otro lado, 15 compañías reportaron superávit económico, aunque muchas gracias a los aportes recibidos del Estado.
El resultado económico consolidado de las 32 empresas analizadas fue positivo, alcanzando $753.445 millones, lo que significa un aumento del 580% frente al mismo período de 2023. Sin embargo, si se excluyen las transferencias del Tesoro, el déficit operativo real de estas compañías superó los $2 billones, revelando la dependencia estructural de estos entes con respecto al financiamiento estatal.
Las deficitarias y las superavitarias
La empresa que mayor pérdida le genera al estado nacional es Aerolíneas Argentinas, que durante los primeros nueve meses del año cerró con un rojo operativo de poco más de $262 mil millones (USD 276 millones).
Cerca del 25% de esta cifra se utilizó para el pago de retiros voluntarios que impulsó la compañía con el fin de reducir su planta de personal, que pasó de cerca de 12.000 a 10.600.
La Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE), encargada de Trenes Argentinos, cerró los primeros tres trimestres del año con un déficit operativo de $1.634 millones, luego de recibir transferencias por $517.478 millones del Tesoro Nacional.
Entre las empresas ferroviarias con saldos negativos también figura Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SA, que acumuló un resultado económico deficitario de $1.302 millones. Sin los $22.764 millones recibidos en transferencias, su déficit operativo habría alcanzado los $24.066 millones.
Esta compañía, que contaba con 454 empleados en septiembre pasado, fue clausurada por decisión del Ejecutivo hace diez días. Un año antes, su dotación era casi tres veces mayor, con 1.222 trabajadores.
Otra entidad del sector, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), también registró números rojos. Su déficit operativo fue de $1.147 millones, pero se incrementaría a $14.932 millones sin las transferencias estatales que totalizaron $13.785 millones. La empresa reportó una reducción en su personal, pasando de 676 empleados en septiembre de 2023 a 466 en el mismo mes de este año.
Por otra parte, entre las empresas públicas con resultados económicos positivos, Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), encargada de operar las centrales nucleares del país, lidera con un saldo favorable de $317.053 millones al cierre del tercer trimestre de 2024.
Este resultado se explica por ingresos de $490.796, 2 millones de derivados de la venta de energía. A pesar de estos números talentosos, la NASA fue incluida en la Ley Bases como una de las compañías sujetas a privatización.
En segundo lugar, aunque a gran distancia, se encuentra Corredores Viales, responsable del mantenimiento de las principales autopistas y rutas del país, con un superávit de $28.223 millones. Esta empresa también está contemplada en la Ley Bases para una posible privatización o concesión.
Otra firma estatal con saldo positivo es ARSAT, que registró ganancias por $22.500 millones al cierre del tercer trimestre. Aunque fue excluida de la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases, el Gobierno evalúa transferir el 49% de su participación al sector privado y listar sus acciones en la Bolsa para 2025, con el objetivo de atraer nuevos capitales.