Las cuotas de la medicina prepaga fueron las que más subieron en el 2024, muy por encima de la inflación, por lo que el Gobierno busca ponerle un tope a esos ajustes.
El año pasado, las prepagas subieron sus cuotas un 124%, apenas por debajo del costo de vida, que fue del 127,8%.
Tras el dato de inflación de enero, que marcó una desaceleración al 2,2%, en la administración libertaria buscan cómo evitar que las empresas de medicina privada sigan remarcando; a pesar de que fue la propia gestión de Javier Milei la que le permitió liberar sus precios.
Según trascendió, el Gobierno analiza un decreto que limitará hacia adelante los aumentos de las empresas de medicina prepaga. La idea es que las subas ya no sean generalizadas para todos los afiliados de una misma compañía, sino que se deberá discriminar por planes.
Y para los adultos mayores, no podrán superar el triple del valor que se les cobre a los más jóvenes.
En el primer mes del 2025, las prepagas anunciaron subas de entre 3% y 3,9% según el plan, asegurando que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios. Esto representa casi el doble del IPC general.
Investigación en curso
A mediados diciembre, el Gobierno anunció la imputación por supuesta cartelización a las empresas de medicina prepaga. Se trata de las firmas: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio detallaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijará un plazo que no podrá ser mayor a 90 días hábiles para que se produzca la prueba concedida, pero de ser necesario se podrá presentar una prórroga por 90 días hábiles más. Una vez concluido este período, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos.
Asimismo, la cartera que conduce Pablo Lavigne precisó que “el artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas“.
El Gobierno había demandado en la Justicia la presunta “cartelización” de las empresas por la fuerte suba en las cuotas, que aumentaron todos los meses del año.