El Gobierno acumula victorias judiciales en su defensa de la reforma laboral. Este martes, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, resolvió que la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. Exactamente lo que pedía la Casa Rosada.
El conflicto de competencia se había originado cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en la causa y el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó ese criterio, derivando las actuaciones a la Cámara del Trabajo. Fue ese choque entre juzgados el que obligó a la Cámara a intervenir para definir quién debía llevar el expediente.
El tribunal resolvió a favor del fuero contencioso administrativo federal, amparado en la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema. En su fallo, los camaristas cuestionaron la conducta del juzgado laboral, al señalar que se apartó del procedimiento previsto para este tipo de disputas y generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso. También argumentaron que el caso involucra aspectos federales que exceden el derecho laboral, como la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial.
Para la CGT, el resultado es un mal augurio. La central obrera sabe que el fuero contencioso administrativo es considerado afín a la gestión de Javier Milei y teme que termine convalidando la vigencia total de la normativa que impugnó por inconstitucionalidad. Sin embargo, tanto el Gobierno como los sindicalistas tienen claro que el recorrido judicial no termina aquí: el destino final de esta disputa será, inevitablemente, la Corte Suprema.