El gobierno de Javier Milei reglamentará un arancel para los extranjeros no residentes en las universidades públicas. La Ley de Educación Superior será modificada para que cada universidad, si lo decide, pueda cobrar a los inmigrantes por estudiar en sus aulas. Esta propuesta formaba parte de la Ley Bases.
La medida fue anunciada al día siguiente de la marcha universitaria que se realizó en rechazo al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. “Quienes vienen a estudiar a nuestro país, no se quedan y no pagan impuestos, es razonable que hagan alguna contribución”, declaró Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en el programa ¿La Ves? de TN.
Menem también comparó la situación con otros países: “Por algo vienen a estudiar acá; en sus países no debe ser tan accesible”. Mencionó el caso de Chile, donde estudiar Arquitectura cuesta alrededor de 6.107 dólares, más 203 de matrícula.
Además, Menem criticó a la oposición: “Quintela marchó contra el veto al financiamiento universitario, pero le está descontando los días de paro a los docentes”.
Cuántos extranjeros estudian en Argentina
Según datos del Ministerio de Educación, en 2015 había casi 56.000 estudiantes extranjeros en Argentina. La cifra ha crecido de manera constante: en 2017 alcanzó los 74.000, en 2019 los 100.382, y en 2021 llegó a 117.820.
Desde el gobierno aseguran que la gratuidad en la educación está garantizada para los argentinos residentes. También subrayan que la Ley Bases permite a las áreas de gobierno arancelar la educación superior para los extranjeros no residentes.
Durante el debate de la Ley Bases, se propuso modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521 para que las universidades nacionales y las instituciones de educación superior estatales puedan “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o trayectos educativos” para aquellos que no sean ciudadanos argentinos o residentes permanentes. Sin embargo, este punto fue excluido del texto final.
A pesar de esto, el Ejecutivo sostiene que la intención no es desfinanciar el sistema universitario, sino exigir a las autoridades educativas que rindan cuentas detalladas sobre el uso de los fondos que reciben.