El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades continúa profundizándose y ahora abarca también el terreno de la obra pública. En concreto, en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei ha rescindido 11 proyectos de mejoras en la infraestructura en diversas casas de estudios del país. “No son una prioridad“, afirman desde el Ministerio de Economía.
Esta decisión llega en plena discusión sobre el presupuesto destinado a las universidades. Desde el Gobierno, aseguran que estas obras debían haberse completado en 2023 y que estaban severamente atrasadas. Los proyectos, iniciados durante la administración de Alberto Fernández, habían recibido una inversión estatal de $1422 millones, pero el gobierno de Milei optó por detenerlos.
Algunas de estas obras estaban cerca de su finalización, mientras que otras presentaban un avance mínimo. Sin embargo, la decisión de cortar el financiamiento ha generado tensiones en el debate sobre el presupuesto para 2025, con las universidades advirtiendo que los fondos proyectados no permitirán su funcionamiento normal. A su vez, el Gobierno insiste en la necesidad de auditar sus gastos.
Entre los proyectos cancelados se encuentra el nuevo edificio de la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Salta, que debió terminarse en mayo de 2023 pero que solo avanzó un 35%, con una inversión de $131 millones. Otro caso es la obra de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, cuyo avance quedó en el 10.42% a pesar de haberse destinado $127 millones.
En otros casos, como en la Universidad Nacional de Río Negro, se rescindieron proyectos que quedaron inconclusos, a pesar de haber recibido $152 millones. Ninguno de estos trabajos aparece en el anexo dos del acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias, lo que deja el futuro de las obras en manos de las universidades o de los gobiernos provinciales.
Un caso llamativo es el de la Universidad Nacional de José C. Paz, donde se trabajaba en el edificio aulario y el comedor universitario. Con un avance del 64%, la obra, que debía inaugurarse en noviembre de 2023, fue detenida tras haberse invertido $224 millones.
La provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, ha anunciado que terminará esta y otras obras con fondos propios. El encargado de supervisar estos proyectos es Gabriel Katopodis, el mismo que los gestionaba a nivel nacional y que ahora está a cargo de Infraestructura bonaerense.
Obras como la de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (Baradero), que alcanzó un 74% de avance y recibió $37 millones, también serán finalizadas por la provincia. Lo mismo ocurrirá con el natatorio y las aulas de la Universidad Nacional de José C. Paz, que quedaron en un 41% de avance, con más de $200 millones invertidos. Para que estas obras puedan ser retomadas por otra jurisdicción, es necesario primero rescindir los contratos vigentes.
El listado de obras canceladas también incluye proyectos en la Universidad Nacional de Villa María (48% de avance y $107 millones invertidos), la Universidad Nacional de Cuyo ($149 millones), la Universidad Nacional de Jujuy ($173 millones) y la Universidad Nacional de San Juan ($86 millones), entre otros.
Comienzan las auditorías
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) comenzará a partir de esta semana un proceso de auditoría en las universidades públicas del país. Miguel Blanco, titular del organismo, explicó en una entrevista con el programa “Si pasa, pasa“, de Radio Rivadavia, los detalles de esta iniciativa.
Según Blanco, la auditoría seguirá los mismos lineamientos que cualquier revisión de organismos públicos que manejan fondos estatales. “Se trata de un relevamiento de los procesos internos de cada institución, en este caso, las universidades, para identificar los controles que se aplican en dichos procesos”, detalló.
El análisis incluirá la verificación de registros financieros, la correcta liquidación de sueldos y otros procedimientos administrativos. También se realizará un informe sobre el origen y uso de los fondos, revisando tanto los recursos provenientes del presupuesto nacional como aquellos obtenidos a través de convenios que las universidades hayan firmado.
El principal objetivo es asegurar que los controles internos funcionen correctamente y que los fondos asignados se utilicen de acuerdo con los propósitos establecidos. “Evaluamos el destino de los fondos, la documentación que los respalda, si se ajustan a los objetivos para los que fueron asignados y si los trabajos fueron realizados por personal de la universidad o por contratistas externos”, aclaró Blanco.
Los resultados de estas auditorías serán discutidos con las autoridades universitarias y posteriormente enviados a la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia.