El Gobierno nacional formalizó este jueves una nueva serie de medidas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. A través de dos decretos, la administración de Javier Milei dispuso una modificación del Presupuesto 2026 para reforzar las áreas de defensa y otorgó nuevas facultades a la Cancillería para intervenir ante empresas que exploten recursos estratégicos en la zona sin autorización argentina.
Las decisiones fueron oficializadas mediante el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026, luego de la cadena nacional en la que el Presidente volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su agenda. Milei ratificó el reclamo de soberanía argentino y sostuvo que la defensa de los intereses nacionales requiere, además de la posición histórica, instrumentos diplomáticos, económicos, judiciales y legales.
El DNU modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. Si bien no precisó el monto o porcentaje específico que recibirá el Ministerio de Defensa, el Gobierno justificó la adecuación presupuestaria en la necesidad de dotar de recursos a las áreas competentes y garantizar la prestación de servicios esenciales. La medida forma parte de una estrategia que el Ejecutivo vinculó con el fortalecimiento de la posición argentina en el Atlántico Sur.
En paralelo, el Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que contempla sanciones para quienes desarrollen o faciliten actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país. Los organismos nacionales deberán informar a Cancillería, en un plazo de cinco días hábiles, sobre posibles incumplimientos.
La reglamentación también establece un procedimiento administrativo para investigar y eventualmente sancionar a las empresas involucradas. Los presuntos infractores tendrán diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas, mientras que Cancillería contará con otro plazo para definir si archiva el expediente o aplica una sanción. Además, se incorporaron nuevas exigencias para empresas vinculadas al RIGI y al sector hidrocarburífero.
El anuncio se produjo en un contexto marcado por la preocupación del Gobierno por el avance de proyectos petroleros en la Cuenca Malvina Norte. Milei cuestionó especialmente el desarrollo del proyecto Sea Lion y advirtió sobre la explotación de recursos que Argentina considera propios. Según planteó, la expansión de estas actividades podría profundizar la disputa con el Reino Unido y consolidar la explotación de recursos en la zona.
Durante la cadena nacional, el Presidente también anticipó que enviará al Congreso un paquete de proyectos vinculados con la seguridad nacional. Entre las iniciativas mencionó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y nuevos marcos para la protección aeroespacial y marítima. A esto sumó el proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, con el objetivo de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.