La Libertad Avanza apuesta a destrabar en agosto el paquete de leyes económicas que tiene frenado en el Senado desde hace meses. Desde la apertura del período ordinario, el oficialismo solo logró sancionar el acuerdo con los fondos buitres, y la lista de pendientes se acumula: el Súper RIGI, la reforma de la Ley de Propiedad Privada, los cambios al régimen de Zonas Frías, la reforma de la Ley General de Sociedades y la reforma del Banco Central.
La primera en tener chances de avanzar es la ley de Propiedad Privada, prevista para el 6 de agosto, después de haber fracasado en cuatro oportunidades por falta de acuerdo. El Gobierno tuvo que resolver primero una interna entre el ministro Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich por la reforma de la Ley de Tierras. El entendimiento final contempla que cada provincia pueda intervenir en la autorización de venta de tierras a inversores extranjeros y dictar su propia normativa. Se eliminó el artículo de “silencio administrativo” que consagraba automáticamente la venta si no había pronunciamiento en seis meses.
Zonas Frías es una de las más resistidas. El proyecto, que limita el subsidio a la Patagonia, Malargüe y la Puna, fue aprobado en Diputados el 20 de mayo pero no logra avanzar en comisiones. El jefe de Gabinete Diego Santilli fue al Senado el 1 de julio a buscar votos y no pudo destrabar la situación: un sector del radicalismo lo rechaza, incluidos los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez. De aprobarse, unos 1,7 millones de hogares de 15 provincias perderían el beneficio que se había ampliado en 2021.
El Súper RIGI, aprobado en Diputados el 24 de junio, ingresó al Senado el 13 de julio y se espera que en la primera semana de agosto sea tratado en comisiones. Apunta a captar inversiones de más de USD 1.000 millones en industrias de frontera tecnológica —litio, uranio, biotecnología, hidrógeno verde, semiconductores, inteligencia artificial— mediante exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios.
La reforma de la Ley General de Sociedades, impulsada por Sturzenegger, tuvo apenas una reunión informativa en comisión desde que ingresó en mayo. Su eje central es que el estatuto de cada sociedad pase a mandar por sobre las normas de la ley, eliminando la tutela estatal sobre cómo los socios organizan sus negocios. A esa agenda se sumará la reforma del Banco Central, que busca prohibir el financiamiento al Tesoro y establecer como objetivo único cuidar el valor de la moneda.