El Gobierno nacional aceptaría limitar las facultades delegadas al Ejecutivo en materia fiscal y previsional, con el objetivo de lograr que este martes finalmente haya debate en el recinto de Diputados de la denominada ley ómnibus.

Tras eliminar del proyecto los puntos claves de su paquete de reformas económicas y tributarias, y ante la necesidad de enviar una señal a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei hará una nueva concesión puntual a los bloques dialoguistas, que aún ponen reparos a algunos aspectos de la norma.

Este lunes por la mañana Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, convocará a los jefes de bloques opositores a su despacho para ultimar detalles del dictamen que buscarán llevar el martes a votación. En tal sentido, la UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal y un incipiente sector peronista esperan una respuesta formal a los pedidos de modificaciones planteadas después de una semana de intensos vaivenes para lograr un dictamen de mayoría. El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se encaminan a un rechazo total.

Se prevé una jornada de “frenéticas negociaciones” para intentar acercar posiciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista, cuya relación se tensó por la embestida del Ejecutivo contra los gobernadores, a los que incluso amenazó con “dejarlos sin un peso”, en referencia a una eventual poda en el envío de los fondos federales no coparticipables, en caso de no aprobarse la ley.

Si bien se descuenta que la iniciativa sea aprobada en general por el aval de este mosaico de legisladores, el foco estará puesto en cómo se llegará a la votación en particular de cada uno de los puntos de la iniciativa.

Según trascendió, La Libertad Avanza (LLA) propondrá incluir un párrafo para dejar expresamente definido que quedarán afuera las facultades en materia previsional y fiscal. Así, Milei retendría los poderes especiales en las áreas económica, financiera, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa por un año, prorrogable por el Congreso por un año más.

Más allá de estas tensiones, en el oficialismo buscan lograr consensos para dar media sanción a una normativa que consideran un paso clave en la señal de gobernabilidad que necesitan enviar a los mercados.

Por ese motivo la Casa Rosada accedió a eliminar 139 artículos y modificar otros 17 del proyecto original que llegó a fines de diciembre al Congreso, que contaba con 664.

En concreto, el Gobierno sacó los artículos más conflictivos (como el denominado “capítulo fiscal” y los relacionados a la reforma electoral) y modificó otros, como los vinculados a las facultades delegadas.