Los ministros Guillermo Francos (Interior) y Luis Caputo (Economía) criticaron este domingo la marcha universitaria por más presupuesto convocada para el próximo martes
“La Argentina está pasando un momento de enorme austeridad en el sector público”, aseguró Francos, quien remarcó que “el ajuste y la austeridad tiene que alcanzar a todos”, en referencia al reclamo presupuestario que mantienen las universidades.
“Es conocido que las universidades se han utilizado políticamente en los últimos años”, dijo Francos. Y añadió que “el Gobierno maneja los recursos repartiendo entre las distintas áreas” y que “todos tendrían que entender el momento que estamos viviendo y hacer su aporte”.
Por su parte, Caputo calificó el reclamo por el recorte presupuestario como “un berrinche”. Lo hizo al responder un mensaje del economista Gustavo Lazzari, quien aseguró a través de X que “he visto marchas pavotas pero como la del 23/4 por la universidad… ninguna”.
“Marchar contra una auditoría es como hacerle un berrinche al médico clínico”, destacó Lazzari. Ante esto, Caputo le contestó por el mismo medio: “Lacha querido, la política es un negocio para muchos, no un servicio público”. También señaló que “el berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado ‘su negocio’”.
Mientras el conflicto con las universidades sigue escalando, desde el Ejecutivo adelantaron su intención de debatir la actualización de la financiación del presupuesto, aunque aclararon que no negociarán el proceso de auditoría sobre el manejo de los fondos.
El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, indicó en su cuenta de X que “pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar, la fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior”.
En el mismo tuit, Álvarez compartió el artículo 2 de la Ley de Educación Superior, el cual establece que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”.