El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este jueves que el Poder Ejecutivo les tomará un examen a cerca de 40 mil trabajadores públicos que cumplen funciones en el Estado, ya sea como empleados contratados o de planta transitoria.

El portavoz explicó que la evaluación “se llevará a cabo de manera online para garantizar la objetividad del proceso” y recordó que esta disposición “se encuentra contemplada en la Ley Bases, dentro del decreto reglamentario del empleo público”.

Adorni añadió que “las personas con discapacidad no participarán del examen en esta primera etapa, ya que es necesario realizar adaptaciones específicas en los sistemas para su inclusión”.

Estos exámenes serán tomados durante el mes de diciembre cuando se vencen los contratos, y será un requisito necesario para que puedan renovar su cargo en el Estado.

Mediante el decreto 695/2024, el Gobierno introdujo en agosto una serie de reformas al sistema de empleo público.

Entre los cambios más destacados estaba la implementación de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para quienes deseen trabajar en el Estado. Este examen se realizará bajo un sistema de anonimato, de manera que la identidad de los postulantes solo se conocerá una vez concluida la calificación.

El decreto asigna la responsabilidad de verificar que se cumplan los requisitos del cargo a la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente.

Asimismo, deberá velar por el cumplimiento de las normas de ética en el ejercicio de la función pública. En ciertos casos, la Unidad de Recursos Humanos podrá solicitar la intervención de la Oficina Anticorrupción, la cual deberá emitir un dictamen en un plazo máximo de cinco días.

Además, los designados deberán presentar una declaración jurada patrimonial y su historial laboral si el cargo así lo requiere. También se dispuso que no se podrán realizar nombramientos sin el correspondiente certificado de aptitud psicofísica.

El desempeño de los empleados será evaluado de manera continua, y aquellos que aspiran a ascensos deberán someterse nuevamente a evaluaciones. Esta medida busca asegurar que los trabajadores del Estado mantengan altos niveles de competencia y rendimiento durante toda su carrera.